La palabra prescripción contenida en el artículo 282 del Código General del Proceso, que establece la resolución sobre excepciones, y la totalidad del artículo 2513 del Código Civil, que regula la necesidad de alegar la prescripción, fueron demandados por inconstitucionales, por presuntamente vulnerar el derecho  a la igualdad de la Constitución Política. Según los demandantes, existe entre las disposiciones atacadas y el artículo 180, numeral 6°, del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA) una discriminación injustificada, sin que se vislumbre un fin constitucionalmente legítimo que justifique tal diferencia. La regulación del CPACA establece que el juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá las excepciones previas de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Ello por cuanto el Estado tiene la obligación de proteger el interés público, como lo hace al permitir que el juez administrativo pueda declarar la prescripción de oficio, pero igualmente debe hacerlo con el interés privado en relación con quienes accedan a la jurisdicción ordinaria, toda vez que ambos casos se corre el riesgo de daño económico y/o respecto a sus derechos para la parte afectada. La demanda asegura que el legislador vulneró este derecho al dar un trato diferente a quienes acuden a la jurisdicción civil y quienes lo hacen ante la contenciosa, pues ambos son usuarios de la justicia y merecen el mismo trato y protección de sus intereses.