El Tribunal Administrativo de San Andrés le hizo un llamado de atención a las autoridades de la isla para que protejan los recursos naturales y amparen los derechos de los habitantes a gozar de un ambiente sano. El pronunciamiento de la corporación fue hecho al fallar una acción popular que reclamaba atención del Estado para evitar que las embarcaciones siniestradas, abandonadas, decomisadas o retenidas en todo el archipiélago contaminen o destruyan el ambiente marino. “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, lo cual es correlativo al derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, pues el mar y sus recursos son de carácter público y, por lo tanto, su protección y vigilancia le compete al Estado”, indica el fallo. Finalmente, el tribunal advirtió que es obligación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que se encuentra en liquidación, velar por la conservación de la embarcaciones que se encuentran a su disposición, lo cual implica prevenir que sean fondeadas en el mar sin el mantenimiento debido.