El Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP) hizo un llamado a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que se encuentran en cese de actividades para que retomen sus labores y restablezcan la normalidad en la administración de justicia.

Para su presidente, Jairo Parra Quijano, la parálisis de la justicia civil no es un mecanismo idóneo para resolver las diferencias, ya que esta situación perjudica a los administradores de justicia y, esencialmente, a los ciudadanos y litigantes. (Lea: Conozca el estado de las sedes judiciales, a hoy 17 de febrero)

“Pierde el Estado colombiano en su conjunto, pues al no garantizar el acceso a la justicia su legitimidad se agota de manera irremediable; por esto, la controversia sobre la reforma a los modelos de gestión no debe darse mediante la suspensión del servicio. La Rama Judicial debe ser la primera en dar ejemplo de respeto por la ley y de la búsqueda de soluciones a través del diálogo”, afirma Parra Quijano.

Igualmente, reconoció la voluntad de algunos sindicatos del poder judicial en relación a la mesa de concertación que integran conjuntamente el Consejo Superior de la Judicatura y Asonal Judicial, Asonal S. I. y Asojudiciales, que trajo como resultado la suspensión de  la vigencia del Acuerdo 10445, hasta el 29 de febrero. (Lea: INFORME: Las estrategias para aplazar la vigencia de la oralidad civil)

No obstante lo anterior, en un comunicado a la opinión pública, los voceros de los sindicatos de la Rama Judicial y algunos delegados de los jueces civiles y de familia que hacen parte de dicha mesa de concertación, instalada hace más de dos semanas, exigieron respeto y seriedad al presidente (e) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El malestar se suscitó debido a las afirmaciones del magistrado Néstor Raúl Correa, en las que sostuvo que “coger la justicia por su cuenta, en el fondo es lo mismo que han hecho la guerrilla y los paramilitares en este país, atribuirse el privilegio de tomar la ley en sus manos: ¿dónde quedó el Estado de derecho?”. (Lea: EXTRA: Tutela ordena al Consejo Superior normalizar atención en juzgados civiles y de familia)

Al respecto, los voceros de los movimientos sindicales respondieron a estas acusaciones señalando que dichas afirmaciones utilizan un lenguaje inapropiado y pugnaz que en nada contribuye a la confianza y la concertación sino que, por el contrario, ahonda el desprestigio de la Rama Judicial, “como lo ha venido haciendo por tantos años, y lo sabe la opinión pública, el Consejo Superior de la Judicatura, con su gestión y malos ejemplos ya judicializados”, concluye el comunicado.