Una oportunidad única para Colombia: tributación regional y su presidencia ‘pro tempore’

Oliver Pardo
Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

José Miguel Sanabria
Miembro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

Ha pasado desapercibida la primera cumbre ministerial de América Latina y del Caribe en materia tributaria. La misma, planeada desde inicios de este Gobierno, fue llevada a cabo en Cartagena, durante los días 27 y 28 de julio. Sus objetivos, ambiciosos, se condensaron en una triada de valores que su título introducía: “Por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa”. Colombia, anfitriona y líder de la iniciativa, ha asumido la presidencia pro tempore durante su primer año. Una oportunidad, debemos indicarlo, única que no podemos desaprovechar un solo instante.

Aun con lo técnico que suele acostumbrar ser este tipo de temas, no deja de extrañar la poca resonancia del evento. No es gratuita la afirmación tratándose del continente con mayores estadísticas de desigualdad, con una alta presencia de regresividad en sus sistemas tributarios y con una Hacienda Pública que promete, en medio de estas limitantes, fomentar y crear bienes comunes. Sin ir más lejos, frente a una problemática de tal tamaño y urgencia, poco, por no decir que nada, se ha discutido frente al particular. Por este motivo, hemos decidido entregar un grupo de tres razones por las que esta cumbre fue fundamental para el manejo de las finanzas del Estado. Una vez presentadas, exponemos algunos desafíos que remarcamos a propósito de este tema y en qué hemos contribuido para enfrentarlos.

La importancia de la cumbre

La primera de ellas se deriva de la débil posición de los países sudamericanos y del Caribe frente a las políticas y directrices que migran desde la tributación internacional. Por carecer de un sistema centralizado de nivel mundial, muchas de tales políticas, que pasan a convertirse en legislación interna, han sido relativamente libradas a la suerte de las relaciones internacionales. Sin embargo, cuando menos en esta materia, ninguno de nuestros Estados es aisladamente un actor influyente. Esta iniciativa, que busca conformarnos como bloque, supone una protección de nuestros intereses y transformar un panorama que hasta ahora nos ha sido más bien desfavorable. Habría que agregar que la organización internacional que ha venido acogiendo y liderando una armonización global en esta materia ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Y, en un grado mucho más precario, la ONU. La primera, que vela por los intereses de sus miembros, como es legítimo, aun con sus esfuerzos de inclusión, ha estado lejos, a veces muy lejos, de proponer reformas acordes a las necesidades del continente.

La segunda razón, muy ligada con la anterior, sugiere la convicción por encontrar soluciones conjuntas para los desafíos de nuestros sistemas tributarios, lo que nos lleva a ir más lejos de solo conformarnos como bloque de negociación frente a las organizaciones internacionales dominantes (Ocde u ONU). Podremos asumir un rol mucho más activo: la capacidad de llevar a estas instancias internacionales y convertir en una realidad jurídica soluciones mucho más coherentes a nuestro contexto. Sin mencionar la capacidad de transformar muchas de las propuestas ya en marcha y adaptarlas a nuestras propias demandas.

La tercera razón corresponde a fortalecer la cooperación en materia tributaria de los Estados del bloque mencionado. Si bien en este campo se han logrado grandes avances en el pasado, esta iniciativa los afirma aún más: propone convertirse en una plataforma que impulse, facilite y simplifique el traslado de información con impacto fiscal en el continente. De manera que el trabajo ligado a la evasión, la elusión y el fraude fiscal, dentro de cada una de las administraciones tributarias, tendría que fortalecerse y derivar en un recaudo más eficaz y contundente.

Los desafíos

Las razones que presentamos son opacadas por algunos desafíos que hemos detectado. El primero de ellos corresponde a la frágil voluntad política detrás de tan importante encuentro. Si América Latina y el Caribe tienen virtudes, que son muchas, comparten este defecto: no ser políticamente consecuentes con tan importantes soluciones institucionales. A la cumbre, en efecto, asistieron 16 miembros de países de la región, pero debemos advertir que muchas de tales personas eran funcionarios delegados, en primer, segundo o tercer grado, por los ministros de los países extranjeros. Desde luego que la apretada agenda de un ministro no debe cuestionar la importancia de este acuerdo. Sin embargo, la compartida ausencia de ellos permite también pensar, con legitimidad, en la conclusión contraria.

Adicionalmente, este escenario, realmente difícil de encontrar por fuera de contextos como los de la Ocde o la ONU, tuvo que aprovecharse para delinear de inmediato algunas soluciones concretas. Incluso con los pocos días o la tecnicidad del tema, la cumbre no tuvo que haberse estancado en solo una lectura, a veces trivial y redundante, de los problemas de la región. Tales problemas pueden y deben seguir siendo objeto de investigación, pero, ya instalados en este marco, tuvo que haberse avanzado hacia una batería de propuestas. A lo anterior habría que agregar que muchos de tales problemas ya están lo suficientemente documentados y sobre varios de ellos el consenso es más bien pacífico. Esto hizo mucha falta aun más cuando el célebre economista invitado (Joseph Stiglitz) presentó algunos delineamientos que la región podría retener frente al impuesto mínimo global corporativo que ha venido promoviendo hace algunos años la Ocde.

Propuestas

En vista de estas dificultades, en cooperación con la profesora Liliana Heredia, hemos remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las propuestas que consideramos más pertinentes, inmediatas y concretas frente a este contexto.

Tras algunos debates elegimos el siguiente grupo de iniciativas: (i) la promoción de la democratización y divulgación de la reforma tributaria dentro de los Estados firmantes; (ii) la creación de un comité de expertos fiscales para la región con miras a la evaluación y entrega de informes sobre los beneficios fiscales dentro del continente; (iii) la creación de un programa denominado como “Inspectores de ALC sin Fronteras”; (iv) la creación de un grupo negociador de la región que acompañe el desarrollo de acuerdos multilaterales o bilaterales con impacto fiscal en la región, y (v) la creación de un modelo de convenio de doble imposición y la divulgación (ojalá actualizada) del modelo de Código Tributario para América Latina.

Aun con todas las críticas que esta cumbre pueda tener, saludamos con gran optimismo su ejecución. Ahora que nuestro continente nos ha honrado con su presidencia, invitamos en general a la sociedad colombiana a desplegar toda la artillería de ideas y propuestas posibles ante tan nobles propósitos. No debemos olvidar lo que tan a menudo suele ignorarse: que en la base de los debates tributarios subyacen discusiones hondas sobre la equidad, la eficiencia y la justicia. Tópicos centrales que están y deben estar al alcance del pueblo sudamericano. Esta afirmación, tan naturalmente aceptada en ámbitos como el de los derechos humanos o las reformas laborales o de pensiones, es, por tan elementales razones, aplicable al caso de la tributación. ¡Manos a la obra!