Seguridad ciudadana y seguridad pública: la prevención del crimen frente a la atomización del delito

Miguel Andrés Ávila Robayo
Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España)

La seguridad ciudadana y la seguridad pública son conceptos en constante evolución, que han adquirido una creciente importancia en la sociedad a lo largo del tiempo. Su relación, desde una perspectiva socioeconómica, plantea desafíos tanto para los teóricos como para aquellos que buscan aplicar estos conceptos a la realidad cotidiana de las ciudades y sus territorios.

Históricamente, la seguridad ciudadana solía abordarse de manera aislada y con poca interacción con los factores que fomentaban la criminalidad. La prevención del delito ha sido una meta constante de las autoridades en su esfuerzo por reducir las tasas de criminalidad. En este contexto, enfoques como la prevención del crimen a través del diseño ambiental^[1] (CPTED, por su sigla en inglés) han marcado hitos significativos en la sociedad, reduciendo la incidencia de actividades delictivas al considerar aspectos como el diseño ambiental^[2], la planificación territorial^[3] y la vigilancia natural^[4] como elementos clave en la lucha contra el crimen.

Sin embargo, las ciudades actuales enfrentan un nuevo desafío que podemos denominar “la atomización del delito”. Desde una perspectiva criminológica, esto se traduce en la necesidad de clasificar y analizar patrones delictivos de las estructuras criminales en el ejercicio de sus actividades delictivas. En este contexto, el entorno en el que se produce un delito se convierte en un factor de gran importancia para comprender su detección, prevención y el enfoque de la política pública.

En otras palabras, sugerimos que se debe reconsiderar la actividad criminal desde una perspectiva más amplia, comprendiendo el delito como un concepto holístico. Esto implica examinar la atomización de actividades delictivas con el objetivo de diversificar los productos del delito y dificultar su persecución por parte de las autoridades.

Entornos

De esta manera, el entendimiento de los entornos en los que se desarrolla la actividad criminal, junto con la comprensión de la diversificación del delito en todas sus manifestaciones, se alinea con teorías contemporáneas y disruptivas en relación con la interpretación de las conductas punibles que afectan a la ciudadanía en la actualidad.

Es así como la seguridad ciudadana y la seguridad pública no solo deben tener un enfoque unidireccional, sino también la interacción en el entendimiento de la problemática en determinado entorno social. Según Kravchenko S. O. y Tairova L. A. de la Academia Nacional de Administración Pública, bajo la Oficina del presidente de Ucrania, el concepto de seguridad pública debe abordarse a través de tres componentes básicos: la determinación del objeto de seguridad (la sociedad en su conjunto), la comprensión de los tipos básicos de amenazas a este objeto y la relación del Estado con la seguridad.

Argumentan que las amenazas a la seguridad pública incluyen un amplio complejo de fenómenos de todas las esferas sociales (política, militar, económica, social, humanitaria, ecológica, etc.). En la realidad moderna, el Estado aparece simultáneamente como uno de los institutos de defensa y también como una de las fuentes de amenaza a la seguridad pública.

Georreferenciación

Las políticas públicas para el combate de la criminalidad no pueden ser aisladas de la ciudadanía y el entorno en el que se desenvuelven en su diario vivir. Por ello, la georreferenciación juega un papel importante en la interactividad criminológica; asociar la información geográfica con la problemática de determinado sector ha permitido desarrollar un entendimiento lógico en los patrones y movimientos que realiza la criminalidad, tal y como lo ha sugerido Clarke, R.V.

Si bien es cierto que no puede existir una política pública por cada espacio del territorio nacional, no es menos cierto que la tecnología de georreferenciación y el contexto sociocultural permiten identificar la alta incidencia delictiva y dirigir los recursos de manera efectiva en la prevención del delito.

Aunque la confrontación ha sido el elemento esencial para la lucha del delito, las cifras contra la lucha delincuencial y el entendimiento criminológico no pueden estar únicamente sesgados hacia este punto, ya que la prevención de delito (al estilo futurista tipo Minority report) genera mayor efectividad en el control de la delincuencia y en la identificación temprana de puntos neurálgicos en la posible comisión de punibles que afectan a la ciudadanía en su diario vivir.

Comparativamente, la georreferenciación y el análisis predictivo pueden ser más efectivos que los enfoques reactivos o basados en la confrontación en varios aspectos. Estas tácticas proactivas pueden ayudar a prevenir el crimen antes de que ocurra, mientras que los enfoques reactivos típicamente se ocupan de las consecuencias del crimen, lo que puede ser menos eficiente en términos de recursos y menos efectivo en la mejora de la seguridad a largo plazo.

Tecnología

Creemos que la tecnología debe estar de la mano en la prevención del delito, como elemento no solo disruptivo, sino también generador de bienestar a toda la comunidad para la correcta aplicación de las políticas públicas.

Sin embargo, no podemos dejar de lado conceptos como la privacidad del ciudadano y la protección de sus datos personales, siendo estos elementos de suma importancia que no podemos pasar por alto. Este delicado equilibrio entre el bien común, considerado como un todo en términos de seguridad, y los derechos individuales deben ser cuidadosamente ponderados.

Es esencial que exista un control posterior exhaustivo por parte de las autoridades cuando se empleen elementos o sistemas que puedan llevar a posibles capturas e imputaciones de delitos. En este contexto, la responsabilidad recae tanto en los legisladores como en los jueces, quienes juegan roles cruciales en la regulación y supervisión de estas tecnologías y prácticas.

Legislativo

Desde la perspectiva legislativa, es imperativo que las normas que regulan el uso de tecnologías de georreferenciación y vigilancia respeten los principios fundamentales de privacidad y protección de datos. Los legisladores deben abordar proactivamente las cuestiones de privacidad y seguridad de datos al elaborar leyes, asegurándose de que existan salvaguardias adecuadas contra el abuso y el uso indebido de la información personal. Esto incluye la implementación de restricciones claras sobre qué datos pueden ser recopilados, cómo deben ser almacenados, quién puede acceder a ellos y por cuánto tiempo. Además, es vital que las leyes proporcionen mecanismos de transparencia y responsabilidad para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Por otro lado, el papel del juez penal es igualmente fundamental. Los jueces no solo deben garantizar que las investigaciones y arrestos se realicen dentro de los límites legales, sino que también deben revisar críticamente los límites reales de la intromisión de las fuerzas estatales en la privacidad de los individuos. En casos donde se utilicen datos obtenidos a través de medios de georreferenciación o inteligencia artificial, los jueces deben evaluar cuidadosamente la proporcionalidad y la necesidad de tales medidas en relación con los derechos de privacidad de los individuos. Esto implica un análisis minucioso de si la recolección y el uso de datos fueron legítimos y necesarios para alcanzar un objetivo legítimo de seguridad pública, y si se aplicaron las medidas de protección de datos adecuadas.

Política articulada

En última instancia, se requiere la articulación efectiva de las capacidades de las instituciones gubernamentales con el objetivo de desarrollar políticas públicas que estén en sintonía con las necesidades de la comunidad. Esto permitirá que las fuerzas de seguridad cuenten con tecnología de vanguardia para prevenir el crimen y promover el bienestar de la sociedad en su lucha contra las organizaciones delictivas estructuradas.

La atomización del delito no debe ser simplemente un concepto teórico utilizado para describir cómo la delincuencia diversifica sus actividades criminales. En cambio, debe ser el motor que impulse el desarrollo de capacidades tecnológicas para identificar y procesar de manera eficaz estos delitos de manera temprana y su posterior judicialización, generando confianza en las instituciones y en la ciudadanía en general.

Entender los fenómenos criminales desde su contexto más particular permite, de cierta forma, ajustar los esfuerzos institucionales de manera eficaz y eficiente, generando una percepción de Estado de seguridad, desde las acciones preventivas y de reacción de la institucionalidad.