Putin, Ucrania y el derecho internacional

Juan Carlos Portilla 

Profesor Maestría Derecho Internacional 

Universidad de la Sabana

Robert Jackson, el fiscal en jefe de la delegación de EE UU ante los tribunales de guerra de Nuremberg, en una de sus intervenciones en los juicios contra miembros de la Alemania nazi, manifestaba que los crímenes de guerra cometidos por Hitler y su gobierno habían sido tan bien calculados, tan malignos y tan devastadores que la misma civilización no podía tolerar ignorarlos. Con el fiscal Jackson podemos decir que el crimen de agresión del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania ha sido también calculado, maligno y aterrador que las naciones del mundo y el derecho internacional no pueden ignorar. De hecho, el acto de agresión de Rusia sobre Ucrania entraña responsabilidad. ¿Qué salidas ofrece el derecho internacional a las naciones y a las organizaciones internacionales para contrarrestar la ofensiva de Rusia sobre Ucrania? ¿Puede haber justicia para Putin por sus crímenes de agresión por su invasión a Ucrania? 

¿Cómo contrarrestar la ofensiva?

El derecho inmanente de legítima defensa:

La invasión de Putin sobre Ucrania es un acto de agresión que atenta directamente contra la paz y seguridad internacional. Además, viola normas de jus cogens y otras del derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas (ONU), la cual dispone que sus miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de usar la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otras naciones. Abordemos de esa manera cuáles avenidas legales tienen las naciones del mundo para contrarrestar la agresión de Rusia sobre Ucrania.

Bajo la Carta de la ONU, el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectivo, es reconocido en caso de un ataque armado contra un país miembro de la ONU, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacional. Como Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y ostenta poder de veto en las votaciones dentro del mismo, es improbable que el Consejo de Seguridad vaya a tomar medidas para traer paz y seguridad en Ucrania. De esa manera, el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectivo, permanecerá en vigor hasta cuando cesen los actos de guerra de Rusia sobre Ucrania.

Este derecho debe ser proporcional al ataque y puede ser ejecutado de manera individual o de colectiva (grupo de naciones actuando en conjunto, como EE UU, países miembros de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, por ejemplo, u otros con la capacidad militar de contrarrestar la ofensiva rusa en Ucrania). Muchos llaman a la acción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) sobre Rusia para frenar la invasión sobre Ucrania. Sin embargo, la Otán es un sistema de defensa colectiva bajo el cual los países miembros se comprometieron a defender a cualquiera de sus miembros cuando son atacados por un gobierno ajeno. A pesar de que Ucrania ha sido reconocida como un país aspirante a ser miembro de esta organización, no es un país miembro. Así, legalmente no es viable que la Otán, a través de sus miembros, pueda ejercer una ofensiva militar para defender a Ucrania de la invasión rusa. Entonces, concluimos que son los países miembros de la ONU los titulares del derecho inmanente de legítima defensa para contrarrestar la ofensiva rusa sobre Ucrania. 

Sanciones económicas

Bajo la teoría del derecho internacional moderno, las naciones apelan aún más a las sanciones económicas en lugar del uso de la fuerza militar como un instrumento de política internacional. Las sanciones económicas tienen como fin aislar económica y financieramente a un país que viola el derecho internacional. Pueden ser específicas, sectoriales y generales o completas. Las primeras son dirigidas a individuos específicos, tales como líderes políticos y jefes de Estado y de Gobierno o personas identificadas como narcotraficantes o terroristas. Bajo estas sanciones, los activos financieros de los individuos sancionados son congelados. Por otro lado, las sanciones sectoriales están diseñadas para impactar sectores de la economía del país sujeto de estas y tienen como fin prohibir las operaciones financieras en sectores de la economía para disminuir hasta acabar su actividad económica o industrial. Finalmente, las sanciones completas imponen prohibiciones para toda importación o exportación del país sancionado y prohíben toda intermediación y actividad financiera con casi todos los actores de la economía de dicho país. 

La ONU, a través de su Consejo de Seguridad, puede imponer sanciones para mantener la paz y la seguridad mundial o para suprimir un acto de agresión y graves y masivas violaciones de derechos humanos, o para forzar a países a negociar temas de alto interés para la comunidad global, como el caso de las sanciones sobre Irán que lo obligaron a firmar, en el 2015, un acuerdo con EE UU y otros países para reducir el plan de expansión nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones de la ONU. Pero, es improbable que la ONU decrete sanciones sobre Rusia dado el poder de veto ruso. La UE, a través del Consejo de la Unión, también puede imponer sanciones a países no miembros de la UE. Después de la invasión rusa a Ucrania, la UE impuso sanciones económicas sobre Rusia, que abarcan su sector financiero, de energía y transporte y amplia la lista negra de personas sancionadas para incluir a aquellos que hacen parte del círculo cercano de Putin.

De acuerdo con la UE, la meta de estas sanciones es debilitar gravemente la economía rusa, evitar su crecimiento y negar el acceso de la industria rusa a las tecnologías necesarias para competir en la economía mundial. Potencias como EE UU también imponen sanciones a los países que violan el orden mundial, o sobre aquellos territorios patrocinadores del terrorismo internacional. El gobierno americano hace lo anterior a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. EE UU, la UE, Reino Unido y Canadá, a finales de febrero, sancionaron a entidades financieras rusas mediante la exclusión de estas del sistema financiero SWIFT. Los bancos rusos han quedado aislados y sus actividades financieras internacionales se reducirían significativamente a raíz de estas sanciones. EE UU ha prohibido la importación de petróleo ruso. El rublo (moneda oficial rusa) se ha devaluado, afectando al gobierno, los consumidores locales y su calidad de vida. El tiempo nos dirá si las sanciones impuestas a Rusia van a ser suficientes para detener su invasión sobre Ucrania.

¿Habrá justicia para Putin por su crimen de agresión por su invasión a Ucrania?

Putin y su gobierno han cometido un acto de agresión, el cual es tipificado a nivel internacional por parte de la Asamblea General de la ONU y por el Tratado de Roma, creador de la Corte Penal Internacional (CPI), como uno de los crímenes bajo la competencia de la CPI. Para la Asamblea General de la ONU, la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU. Esta definición, en nuestro concepto, ayuda a determinar si un Estado ha cometido un acto de agresión.

Por otro lado, la definición del crimen de agresión bajo el Tratado de Roma cumple la función de determinar la responsabilidad penal internacional del individuo presunto responsable del crimen de agresión, cuando tal individuo, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Bajo el Tratado de Roma, un acto de agresión puede incluir la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él o el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de  armas por un Estado contra el territorio de otro Estado.

Sin duda, Putin es responsable penalmente por su crimen de agresión sobre Ucrania. Sin embargo, la CPI no tiene jurisdicción sobre Putin por el crimen de agresión, ya que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI. A pesar de que el Tratado de Roma habilita jurídicamente al Consejo de Seguridad para solicitar a la CPI una investigación contra Putin por el crimen de agresión sobre Ucrania, es un imposible político debido al poder de veto del gobierno ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

Por otro lado, bajo el principio de jurisdicción universal, las autoridades jurisdiccionales de un Estado pueden juzgar penalmente a un individuo presuntamente responsable de cometer los delitos graves del derecho penal internacional que atentan contra la paz y la seguridad de la humanidad, como es el caso del crimen de agresión. De esa manera, un tribunal de un Estado de la comunidad internacional puede juzgar a Putin por el crimen de agresión sin importar el lugar donde se cometió el delito de agresión o sin importar la nacionalidad del presunto responsable (rusa) del crimen de agresión o de las víctimas, en este caso ucranianas.

Lo anterior podría llegar a ser una realidad jurídica, ya que en varios Estados se ha venido evidenciando una práctica generalizada que puede adquirir el estatus de opinio juris y así el principio de jurisdicción universal puede elevarse a una norma del derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, el Tribunal Supremo francés en el caso Klaus Barbie sentenció que los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden ser objeto de un procedimiento judicial en Francia cualquiera que haya sido el lugar de comisión de tal crimen. En el Reino Unido, el Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores, bajo el caso Pinochet, señala que el derecho internacional establece que los crímenes jus cogens (aquellos crímenes de altísima gravedad frente al derecho penal internacional que no se pueden derogar) pueden ser juzgados por cualquier Estado, porque los individuos que cometen tales crímenes son enemigos comunes de la toda la humanidad y todos los países del planeta tienen el mismo interés en su arresto, investigación y juzgamiento. De tal manera se puede argumentar lógica y jurídicamente que el crimen de agresión cometido por Putin hace parte del corpus de los crímenes jus cogens y como tal el presidente Putin puede llegar a ser considerado un enemigo común para toda la humanidad y, por lo tanto, el principio de jurisdicción universal puede ser invocado por cualquier Estado, ya que la inmensa mayoría de las naciones del planeta tienen hoy el mismo interés de arrestar, investigar y juzgar penalmente a Putin por su crimen de agresión sobre Ucrania.       

Concluimos que el crimen de agresión del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania ha sido tan calculado, maligno y aterrador que las naciones del mundo y el derecho internacional no pueden ignorar. De hecho, el acto de agresión de Rusia sobre Ucrania entraña responsabilidad. Como la CPI no tiene jurisdicción sobre Putin por el crimen de agresión sobre Ucrania, entonces le corresponde a un valiente país salir al ruedo y a la arena internacional para juzgar al presidente Putin por su crimen de agresión sobre Ucrania bajo el principio de jurisdicción universal. La pregunta que queda es ¿qué país lo hará? El tiempo nos dirá la respuesta.