Empleo formal vs. prestación de servicios: la realidad de los trabajadores en la administración pública

Juliana Morad Acero

Filósofa y abogada. Especialista en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social y magistra en Políticas Públicas

Johanna Gómez Castro

Economista y magistra en Economía. ‘Project manager’ de Género y Economía, docente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana

El sector público en Colombia ha sido tradicionalmente reconocido por ofrecer estabilidad laboral y acceso a beneficios sociales. Esta realidad fue el foco de nuestro artículo anterior, Empleo en Colombia: ¿Qué diferencia a los trabajadores públicos de los privados?, en el que destacamos que, en 2023, 914.478 personas trabajaban en el sector público, con una notable representación femenina del 51 %. Estos empleados gozan de una formalidad laboral que incluye beneficios como cesantías, primas de Navidad, licencias por enfermedad pagadas y vacaciones remuneradas. Sin embargo, es crucial reconocer que el Estado también cuenta con un considerable número de trabajadores bajo contratos de prestación de servicios, categorizados como trabajadores por cuenta propia en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Este grupo, que asciende a 517.105 personas, desempeña roles esenciales, pero enfrenta una realidad laboral muy diferente.

Es importante detallar que trabajar con el Estado en Colombia abarca principalmente tres sectores clave: administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. Para efectos de claridad y simplificación en este artículo, estos sectores serán referidos como administración pública, educación y salud, respectivamente.

Segregación laboral

En cuanto a la informalidad, es necesario aclarar que, para los trabajadores por cuenta propia, esta se refiere a unidades económicas del mercado o empresas que no están registradas ante autoridades pertinentes como la cámara de comercio, y que no pueden ser clasificadas como cuasisociedades, ya que no poseen una contabilidad completa o simplificada. En el sector educativo, 25.043 trabajadores (11.196 hombres y 13.847 mujeres) están en situación de informalidad, mientras que, en el sector salud, esta cifra asciende a 46.386 (12.911 hombres y 33.475 mujeres). Esta situación muestra una problemática significativa en términos de precariedad laboral y la falta de acceso a derechos fundamentales como la seguridad social.

Ahora bien, es importante mencionar la segregación laboral que se presenta para ambos grupos analizados. En el caso de los empleados públicos, el 62 % de los hombres pertenecen a la administración pública. Este grupo incluye ocupaciones como los policías, los miembros de las fuerzas públicas, bomberos y guardas de seguridad y de prisión. En contraste, para los hombres que trabajan como cuenta propia, la mayor participación, con un 53 %, también se da en la administración pública, pero en roles como abogados, oficinistas generales, entrenadores, instructores, árbitros de actividades deportivas, agentes de gobierno y profesionales del nivel medio para la aplicación de regulaciones.

Una segregación similar se observa en las ocupaciones de las mujeres. En el sector público, las trabajadoras se concentran en roles como abogadas, oficinistas, secretarias generales, trabajadoras de los cuidados personales en instituciones y personal de limpieza en oficinas. Las dos últimas ocupaciones están fuertemente asociadas con tareas de cuidado, las cuales son predominantemente realizadas por mujeres. Por otro lado, las mujeres que trabajan bajo contratos de prestación de servicios se concentran principalmente en roles como cuidadoras de niños, trabajadoras de cuidados personales en instituciones y sicólogas.

En el sector público, otra rama de actividad con alta concentración de empleados es la educación, donde predominan las mujeres, especialmente en roles como profesoras de educación primaria, secundaria y de primera infancia. Esta tendencia refleja no solo la feminización del sector educativo, sino también las políticas de contratación del sector público que favorecen la inclusión de mujeres en estos niveles educativos. En contraste, las mujeres que trabajan por cuenta propia en el sector de la educación, bajo contratos de prestación de servicios, representan una menor proporción. A pesar de esta baja participación, se destacan en ocupaciones específicas como profesoras en instituciones de educación superior, profesionales de la educación, auxiliares de maestros y profesionales del trabajo social. Esta distribución resalta la segmentación dentro del ámbito educativo y subraya cómo el tipo de contrato puede influir en la elección de roles profesionales, con implicaciones para la equidad de género y las oportunidades de desarrollo profesional.

En el sector salud, los roles predominantes entre los hombres, tanto para empleados públicos como para aquellos que trabajan por prestación de servicios, son los de médicos generales, especialistas y odontólogos. Sin embargo, es preocupante que una gran mayoría de estos profesionales, especialmente los médicos, se encuentren bajo la modalidad de cuenta propia. Esto implica que no tienen acceso a beneficios sociales fundamentales como cesantías, primas de Navidad y licencias remuneradas por enfermedad. Esta situación es alarmante, porque muchos de los especialistas que trabajan en hospitales y clínicas del Estado no cuentan con contratos que les brinden estabilidad laboral y seguridad para su futuro, especialmente en su vejez. En cuanto a las mujeres en el sector salud bajo contratos de prestación de servicios, se observa una alta concentración en ocupaciones como odontólogas, fisioterapeutas, enfermeras, médicas generales y médicas especialistas. Esta segmentación de roles, según el tipo de contrato, pone de manifiesto la precariedad laboral y la falta de protección social para muchos de estos trabajadores de la salud, quienes cumplen funciones esenciales en el sistema sanitario del país.

Cotización a pensión

Finalmente, uno de los desafíos más significativos que enfrentan estos trabajadores es la falta de cotización a pensión. Según los datos disponibles, en el sector de la administración pública, 2.190 mujeres y 2.257 hombres no cotizan a pensión. En educación, esta cifra aumenta considerablemente, con 9.203 mujeres y 5.711 hombres que no cotizan. En el sector salud, 13.144 mujeres y 4.295 hombres no están cotizando. En total, 24.537 mujeres y 12.263 hombres del total de esta rama de actividad no cotizan a pensión, lo cual es preocupante, porque refleja una vulnerabilidad futura para una gran parte de la fuerza laboral, particularmente en sectores como la salud y la educación, donde el acceso a la pensión es esencial para garantizar una vejez digna y segura.

Este panorama resalta la necesidad de revisar y reformar las políticas de empleo en el sector público, no solo para garantizar condiciones laborales más equitativas y justas para todos los trabajadores, sino también para asegurar que aquellos que desempeñan roles críticos en la sociedad, como los profesionales de la salud y la educación, cuenten con la estabilidad y los beneficios necesarios para realizar su labor. La brecha entre empleo público y prestación de servicios en la administración pública de Colombia debe ser un punto central de la agenda política y de reformas laborales futuras.

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