Inversión extranjera y estabilidad económica: ¿qué está en juego en las próximas elecciones?

Daniela Cuéllar

Consultora Senior de FTI Consulting

 

Maria Camila Ospina

Consultora de FTI Consulting

 

El 13 de marzo del 2022, la población colombiana votó para las consultas presidenciales con el fin de elegir a los candidatos que participarán en la primera vuelta de la elección para la presidencia, el 29 de mayo del 2022. 

 

Tras haber finalizado el escrutinio de los votos, los elegidos por cada coalición fueron: Gustavo Petro (Pacto Histórico), quien obtuvo la mayor votación con 4,5 millones de votos; Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), con una votación de 2,1 millones; y Sergio Fajardo (Centro Esperanza), con un poco más de 700.000 votos[1].  Este resultado parece situar a Petro y a Gutiérrez como favoritos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo. 

 

A pesar de la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno, es clave resaltar que independiente de quién gane las elecciones, el nuevo presidente no tendrá una mayoría en el Congreso, debido a que las curules de la Cámara de Representantes y del Senado están ampliamente divididas por partidos políticos. Por lo tanto, es improbable que se aprueben reformas radicales en los próximos cuatro años.

 

Por la proximidad de las elecciones presidenciales, es pertinente hacer un análisis sobre las propuestas de los dos principales candidatos, Petro y Gutiérrez, con el fin de entender los dos modelos económicos que presenta cada uno. A continuación, realizamos un análisis y una comparación de las propuestas que tanto Petro como Gutiérrez han puesto sobre la mesa, para entender la manera como el panorama de inversión extranjera podría modificarse en un eventual gobierno de ambos candidatos. 

 

Federico Gutiérrez

 

Promover la competitividad empresarial ha sido uno de los pilares de la campaña de Gutiérrez. Durante sus intervenciones, los debates presidenciales y en la presentación de su plan de gobierno, ha resaltado que buscará proteger la inversión extranjera y local, con el fin de que represente el 30 % del PIB[2]. Específicamente, para apoyar al sector empresarial, Gutiérrez ha propuesto implementar un plan de incentivos para los sectores que fueron más afectados por las medidas del covid-19, como el sector de servicios y de comercio, entre otros. Así mismo, ha propuesto una reducción del 24 % al impuesto de renta para las Mipymes, con el fin de fomentar el emprendimiento y la generación de empleo[3].  Gutiérrez también ha enfatizado que buscará recortar el gasto público para que en Colombia pueda haber un crecimiento del PIB de 5 % anual[4].

 

Con respecto al sector minero- energético, pretende continuar promoviendo el desarrollo de proyectos de hidrocarburos y minería que sean ambiental y socialmente responsables, tomando en cuenta el motor económico y de generación de empleo que implican estos sectores para Colombia. Las exportaciones de petróleo representan, aproximadamente, el 30 % de las exportaciones del país y cerca del 3,3 % del PIB[5]. En paralelo, Gutiérrez ha propuesto fomentar la transición energética, invirtiendo en el desarrollo de energía eólica y solar, así como de otras energías alternativas. Además, para fomentar la competitividad en Colombia, sugiere promover el desarrollo de infraestructura vial en el país, impulsando las vías 4G, empezando la construcción de las vías 5G e incrementando el presupuesto en vías terciarias en el país[6].

 

El modelo económico de Gutiérrez busca fomentar la estabilidad jurídica en Colombia, con el fin de promover el desarrollo socioeconómico a través de la competitividad empresarial. Sin embargo, todas las propuestas serán sujetas al escrutinio del congreso dividido. Por lo tanto, en caso de ser elegido, enfrentará obstáculos para la implementación de sus políticas de promoción de inversión.

  

Gustavo Petro

 

Las propuestas de Petro en materia económica son, sin duda, las que representarían un mayor cambio en el país y, por esto mismo, las que más incertidumbre han generado frente a los inversionistas extranjeros y al sector privado. Por un lado, Petro ha propuesto eliminar exenciones tributarias para ciertos sectores (como el sector minero-energético) y aumentar el gravamen a los dividendos[7]. Así mismo, el candidato del Pacto Histórico ha indicado que implementará un nuevo impuesto para las personas más afluentes del país, con el fin de recaudar 14 billones de pesos que serán utilizados para financiar la educación[8].

 

Petro también ha propuesto subir o implementar aranceles a productos de valor agregado con el propósito de que Colombia migre de una economía extractiva a una productiva. Durante su campaña, ha afirmado que subirá aranceles hasta el 50 % para la protección de industrias como la agrícola y la de textiles y así priorizar productos nacionales sobre los importados[9]. Dentro de estas propuestas, ha anunciado que tiene pensado renegociar el tratado de libre comercio (TLC) con EE UU, enfocándose en la protección de la industria agrícola y de alimentos en Colombia[10]. En su plan de gobierno, también ha indicado que renegociaría todos los TLC que ha suscrito el país y revisaría las condiciones de inversión extranjeras existentes. Este tipo de propuestas le generan incertidumbre al sector empresarial, debido a que podrían cambiarles las condiciones en las cuales operan actualmente.

 

En materia minero-energética, las propuestas de Petro han estado centradas en la suspensión de la exploración de hidrocarburos, el fracking y la minería a cielo abierto. Estas declaraciones generan incertidumbre para las empresas nacionales y extranjeras de las industrias petrolera y minera. En particular, varias empresas de los sectores extractivos han indicado que suspender toda la exploración petrolera a partir del año 2022 presentaría enormes riesgos. Uno de los casos que podrían ocurrir consiste en que el gobierno incumpla con los contratos de exploración concedidos a empresas en el sector de hidrocarburos (incluida Ecopetrol), así como con tratados bilaterales de inversión. Esto podría dar lugar a varias disputas de arbitraje internacional y, además, sería un reto para el Gobierno Nacional, a corto y a mediano plazo, sustituir los ingresos y el empleo derivados del sector hidrocarburos. Por el desempeño de Ecopetrol en el 2021, el Gobierno recibió, aproximadamente, 10,2 billones en dividendos[11].

 

Panorama político y económico

 

Lo cierto es que, más allá de figuras políticas, los colombianos votarán el próximo 29 de mayo por dos modelos económicos y políticos diferentes. Quien asuma la presidencia, recibirá a un país en un momento turbulento, con una economía afectada por la pandemia del covid-19, en la que ha aumentado significativamente la pobreza, se ha perjudicado a las empresas y en el que ha aumentado el desempleo, situaciones que se han agravado con la inestabilidad impulsada por el Paro Nacional del 2021. 

 

La pregunta clave es cómo las propuestas de los candidatos podrían afectar el entorno de negocios en Colombia, que se ha consolidado como un país business- friendly durante los últimos años. Así las cosas, la experiencia comparada muestra que la inestabilidad jurídica, la falta de certeza en las condiciones que se ofrecen a la inversión y, más aún, la amenaza de nacionalización o de discriminación a no nacionales, se paga con reducciones significativas en inversión extranjera directa. Colombia se consolidó en los últimos años como el tercer país del continente y noveno de los países en vía de desarrollo con mayor recepción de inversiones[12].

 

De acuerdo con cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa en el país llegó a 7.164,5 millones de dólares al cierre del 2021, una cifra importante aún después de haber experimentado una contracción del 30 % (con relación a cifras del 2019) por la pandemia.  Esto ha ayudado al país a mejorar los índices de informalidad empresarial y laboral, incrementar los niveles de productividad y mejorar en infraestructura, entre otros sectores. 

 

La percepción es que políticas como las propuestas por Petro, que han sido ejecutadas de manera similar en otros países de la región, han generado un incremento significativo de disputas de arbitraje, algunas de ellas las más costosas y significativas que ha enfrentado el continente. Vale la pena recordar el caso de Argentina tras la nacionalización de la empresa de petróleos YPF, o los más de 30 procesos de arbitraje internacional que enfrentó Venezuela en la última década, particularmente los causados por la nacionalización de Exxon y Conoco. Si bien es cierto que cada país es diferente, y que no es posible predecir un escenario específico, no es un secreto que la inversión extranjera depende, en gran medida, de la seguridad que ofrecen los Estados a los inversionistas, y que, a su vez, la inversión extranjera sustenta el desarrollo de muchas regiones de Colombia. Los países más exitosos en este ámbito son aquellos que generan menos incertidumbre para los inversionistas.

 

Ser amigable con las empresas no solo tiene implicaciones para la inversión extranjera, sino también las tiene para el sector privado en el país. Esto es crucial pues el sector privado es una base fundamental para el desarrollo de Colombia al ser el primer generador de empleo. En Colombia, cerca del 80 % del empleo lo generan micro, pequeñas y medianas empresas, representando más del 90 % del sector productivo, sin contar que es, precisamente, este sector el que produce la gran mayoría de bienes y servicios en el país[13]. Cuidar y promover las empresas colombianas es una tarea fundamental, teniendo en cuenta que es un sector en recuperación, tras haber sido fuertemente afectado por la pandemia y por el paro nacional. Durante los últimos dos años, solo en Bogotá quebraron cerca de 37.000 empresas[14].

 

Colombia se encuentra en un momento crucial, en el que no se puede arriesgar a enfrentar mayor inestabilidad política y socioeconómica. Si bien es poco probable que las propuestas más radicales de Petro se materialicen (en parte porque su coalición no obtuvo una mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, por lo que no contaría con el apoyo legislativo), y que solo la historia dirá cuál de los modelos le conviene más a Colombia,  notamos con gran preocupación en el sector empresarial por la inestabilidad que esto podría generar y las consecuencias a largo plazo que podrían tener en las operaciones de las empresas y en la inversión extranjera. La tendencia de la industria se inclina por la que garantice que las instituciones y el Estado de derecho en Colombia se mantengan fuertes e independientes en los próximos años, lo cual será responsabilidad en parte, de las altas cortes y del Congreso, pero también de la agenda que promueva el futuro presidente colombiano.

 

Tomando en cuenta el panorama electoral, FTI Consulting ha venido apoyando a sus clientes a entender y mitigar los riesgos regulatorios, sociales, económicos y políticos, que genera el ambiente electoral. Esto con el fin de que los clientes puedan entender cómo estos riesgos pueden afectar sus operaciones a nivel local, nacional, e internacional. También hemos trabajado en apoyar a las empresas a fortalecer su círculo de negocios para enfrentar de mejor manera la crisis y aprovechar las oportunidades derivadas de entornos electorales.