La urgente necesidad de regular el intercambio de información para mitigar el fraude en las finanzas abiertas

 

Cristian Mosquera
Socio de Mosquera Abogados

Francisco Cantillo
Asociado de Mosquera Abogados

En los últimos años, el sector financiero ha experimentado transformaciones profundas gracias a la digitalización y a la implementación de innovaciones tecnológicas. En Colombia, dos de los fenómenos más destacados en esta evolución son las finanzas abiertas y el sistema de pagos inmediatos implementado por el Banco de la República.

Las finanzas abiertas representan un enfoque en el que los datos financieros de los usuarios pueden ser compartidos de manera segura entre diferentes entidades con el fin de ofrecer mejores servicios y productos financieros. Por su parte, el sistema de pagos inmediatos permite la realización de transferencias de dinero en tiempo real, sin necesidad de esperar los plazos tradicionales.

Ambas iniciativas, aunque prometedoras, conllevan riesgos significativos asociados al fraude. La modernización del sistema financiero puede abrir las puertas a nuevas vulnerabilidades, especialmente en un entorno donde la protección de la información personal es crucial. Es, por lo tanto, imperativo establecer regulaciones que aborden estas preocupaciones, garantizando al mismo tiempo un sistema financiero eficiente y seguro.

Definición del fraude financiero

El fraude financiero puede adoptar múltiples formas, todas ellas perjudiciales tanto para los consumidores como para las instituciones financieras. En un entorno de finanzas abiertas y pagos inmediatos, algunas de las variantes más comunes incluyen:

(i) ‘Phishing’: tácticas utilizadas por los delincuentes para engañar a los individuos a que proporcionen información confidencial, como contraseñas y números de cuenta.

(ii) Suplantación de identidad: fraudes que implican la obtención y uso no autorizado de datos personales para acceder a cuentas financieras.

(iii) Transacciones no autorizadas: procesos que permiten realizar pagos o transferencias sin el consentimiento del titular de la cuenta.

(iv) Estafas relacionadas con préstamos: ofertas fraudulentas de préstamos que buscan obtener información personal o depósitos sin intención de otorgar el financiamiento solicitado.

En Colombia, han surgido casos notorios de fraude en el ámbito de las finanzas abiertas y los pagos inmediatos, mostrando la vulnerabilidad del sistema actual. De acuerdo con lo indicado por la Superintendencia Financiera en el Congreso de prevención del fraude y seguridad de la Asobancaria efectuado en el 2023, el 96,32 % del fraude en el sistema financiero se concentra en cuatro productos, siendo los más afectados las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito, productos directamente relacionados con las finanzas abiertas y la implementación del sistema de pagos inmediatos del Bre-B del Banco de la República.  

Impacto del fraude

El impacto del fraude financiero es amplio y profundo, afectando a diversas partes interesadas en el sistema financiero:

- Consumidores: los ciudadanos son los más perjudicados. La pérdida de dinero y la violación de la privacidad pueden tener efectos devastadores tanto financieros como emocionales. La confianza del consumidor en las instituciones financieras se ve erosionada cuando se producen incidentes de fraude.

- Instituciones financieras: los bancos y otras entidades financieras igualmente enfrentan consecuencias graves. Cada caso de fraude puede resultar en pérdidas significativas, además de repercusiones en su reputación. Las instituciones deben invertir en medidas de seguridad más sólidas, lo que a menudo genera costos adicionales que pueden trasladarse a los consumidores.

- Estabilidad del sistema financiero: a nivel macroeconómico, un aumento en el fraude puede amenazar la estabilidad del sistema financiero. La pérdida de confianza entre los consumidores y las instituciones puede llevar a una menor penetración de servicios financieros, afectando así el crecimiento económico.

- Las cargas de la responsabilidad por los casos de fraude pueden llevar al surgimiento de gran cantidad de procesos y controversias al cabo de los cuales el mayor perjudicado es el sistema financiero en el que todos pierden, es decir, usuarios, entidades y reguladores.

La necesidad de regulación

La regulación es fundamental para mitigar el fraude en un entorno de finanzas abiertas y pagos inmediatos. La falta de estándares claros en la compartición de información puede dar lugar a confusiones y errores, facilitando el fraude.

Algunas razones para considerar la regulación obligatoria incluyen:

(i) Protección del consumidor: las regulaciones pueden establecer pautas claras sobre cómo deben manejarse los datos del consumidor, asegurando que se respeten sus derechos y se mantenga su privacidad.

(ii) Detección y prevención de fraudes: compartir información de manera segura entre entidades permite la implementación de sistemas de detección de fraudes más efectivos, pues diversas instituciones pueden colaborar para identificar patrones sospechosos.

(iii) Establecimiento de responsabilidades: las regulaciones pueden definir responsabilidades claras para las instituciones financieras en caso de fraude, fomentando una mayor diligencia en el manejo de la información.

(iv) Confianza del consumidor: un marco regulatorio sólido puede ayudar a restaurar la confianza del consumidor, facilitando su participación en el sistema financiero.

Beneficios de la colaboración

Una regulación adecuada no solo se traducirá en beneficios para la prevención del fraude, sino que también fomentará la colaboración entre entidades. Esta cooperación es esencial para construir un sistema financiero robusto y resiliente. Ello generará que, cuando los consumidores vean que las entidades trabajan juntas y están comprometidas con su seguridad, confiarán aún más en el sistema financiero. Esto puede resultar en un mayor uso de servicios financieros, que a su vez puede impulsar la economía. De igual forma, la colaboración facilita el intercambio de información sobre fraudes recientes y tácticas utilizadas por los delincuentes, lo que permite a las instituciones anticiparse a los peligros y proteger a sus clientes.

Un entorno regulado y colaborativo puede estimular la innovación. Las entidades financieras trabajan en conjunto para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que no solo mejoren la experiencia del cliente, sino que también aumenten la seguridad y reduzcan el fraude, teniendo siempre presente los derechos que el habeas data otorga a todos los participantes.

Conclusiones

La regulación en la compartición de información en el contexto de las finanzas abiertas y el sistema de pagos inmediatos es no solo deseable, sino esencial. Para que estas medidas sean efectivas, las siguientes recomendaciones pueden ser consideradas:

(i) Desarrollo de una Ley de Protección de Datos Financieros: debe establecerse un marco que regule la forma en que los datos son recolectados, compartidos y utilizados, protegiendo la privacidad del consumidor.

(ii) Creación de un Sistema de Detección de Fraudes Colaborativo: fomentar la creación de plataformas que centralicen información sobre incidentes de fraude y permitan a las instituciones compartir datos relevantes.

(iii) Educación al consumidor: es fundamental que las entidades financieras implementen programas de educación que empoderen a los consumidores a reconocer y reportar fraudes.

(iv) Establecimiento de sanciones: las regulaciones deben incluir sanciones claras para aquellas entidades que no cumplan con las normas establecidas, incentivando el cumplimiento.

(v) Fomento de la innovación: crear incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten la prevención del fraude y la seguridad de las transacciones.

La construcción de un sistema financiero más seguro y transparente en Colombia dependerá de la voluntad conjunta de las entidades financieras, el Gobierno y los consumidores. Regular la compartición de información no es solo una cuestión de seguridad; es un paso necesario hacia el fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero colombiano, procurando a la par la protección de los derechos del habeas data de todos los partícipes activos y pasivos.    

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