Trata de personas y Colombia: ratos, retos, ritos, rotos y rutas

Beatriz Eugenia Luna de Aliaga

Socia fundadora Luna De Aliaga Abogados & Asociados S.A.S.

Abogada de la Universidad del Rosario y magistra en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana

A propósito del 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, es menester revisar la situación de Colombia con una perspectiva propositiva que fortalezca la acción ante esta grave vulneración de derechos humanos, en la cual se capta, traslada, recibe y/o acoge a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con fines de explotarlos en diversas finalidades, sexual, laboral, servidumbre por deudas, matrimonios o uniones serviles, extracción de órganos, mendicidad ajena, entre otros. Colombia proscribe la trata de seres humanos en su artículo 17 constitucional y la sanciona penalmente de forma principal en el artículo 188 A del Código Penal (L. 599/00). Así mismo, existen varios instrumentos como, por ejemplo, la Ley 985 del 2005, el Decreto 1066 del 2015, el Decreto 1036 del 2016. Todo lo anterior con el fin de que la participación y acciones en materia de prevención, asistencia y protección de las víctimas, investigación, persecución y judicialización, cooperación internacional, gestión del conocimiento y otros se realicen de manera sólida, articulada y permanente, y no solo por ratos o momentos de forma esporádica o intermitente. La trata de personas debe ser un tema de importancia los 365 días del año.

Los retos que existen para Colombia se identifican en varios campos, sectores y actores, sobre los cuales se profundiza adelante. Antes de abordarlos, es necesario mencionar los ritos. La Real Academia Española vincula algunas de las acepciones de rito, con temas de costumbres y ceremonias. La invitación es para que se reflexione sobre cuáles ritos existen en prácticas socioculturales que fomentan escenarios de riesgo y de vulneración como la trata de personas. Usualmente existen costumbres, creencias y prácticas que desconocen la dignidad humana, generan espacios de vulneración de derechos y garantías, que, además, se relacionan con discriminación, exclusión y menosprecio por los seres humanos, especialmente niños, niñas, adolescentes, migrantes y mujeres.

Por otra parte, aunque en el país se identifican avances e interés en fortalecer la comprensión y atención de la trata de personas, también se hallan rotos comprendidos como aquellos obstáculos, inconvenientes o quebrantamientos que no permiten una correcta acción para el abordaje integral de la problemática. Algunos de los problemas que existen en Colombia se refieren a la estructura institucional que, en ciertos casos, no permite una continuidad de los servidores y funcionarios públicos encargados del tema, sumado al desconocimiento o falta de capacidad técnica de algunos, los inconvenientes para una plena articulación territorial desde los niveles nacionales, departamental, municipal y distrital; las barreras en cuanto al alcance de los presupuestos disponibles; la ausencia de atención integral para las víctimas y el seguimiento de su situación en el mediano y largo plazo para verificar un verdadero restablecimiento de derechos, entre otros.

En cuanto a las rutas se podrían entender en dos sentidos: las rutas migratorias que existen en relación con lugares de origen, tránsito y destino de la trata de personas y también en cuanto a las rutas como canales de distintas instituciones que se han establecido, por ejemplo, para la atención e información de casos, brindar protección a las víctimas, investigar y sancionar el delito. Es necesario conocer las rutas migratorias comprendiendo las complejas dinámicas de la trata de personas para actualizar, fortalecer y ajustar las rutas institucionales que se tienen para brindar atención, creando mecanismos para su flexibilización, armonía, materialización oportuna y seguimiento.

Finalmente, en este escenario los retos son múltiples e implican necesariamente para su abordaje el trabajo conjunto y continuo desde el sector gubernamental, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de cooperación internacional, las empresas y en general de todas las personas naturales y jurídicas. Algunos retos son:

1. Continuar y consolidar el proceso de evaluación de la estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas, así como las etapas participativas para la creación de la nueva estrategia que orientará al país para los próximos años. Igualmente, realizar un trabajo permanente y articulado acompañado de vigilancia y seguimiento de las labores del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas a nivel nacional con los correspondientes comités departamentales, distritales y municipales existentes y los que estén por crearse.

2. Generar los espacios de información, reflexión y acción en la academia, entendida desde los primeros años de formación, incluyendo ámbitos técnicos, tecnológicos, universitarios, también espacios formales e informales, así como, fortalecer las herramientas y escenarios que ya existen, como, por ejemplo, investigaciones, estudios, prácticas, brigadas, clínicas jurídicas, semilleros de investigación, entre otros.

3. Conocer el trabajo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil en varios lugares del territorio nacional, con el propósito de seguir aportando para su fortalecimiento, al igual que reconocer y apoyar el trabajo serio y responsable con otros sectores y/o actores. También es necesario fomentar el conocimiento y uso correcto de los diversos mecanismos de participación y control ciudadano.

4. Fortalecer las posibilidades de apoyo, convenios y alianzas sostenibles a través de organismos de cooperación internacional para que abarquen campos de atención humanitaria y protección de víctimas, así como de contribución técnica en el corto, mediano y largo plazo.

5. Vincular al sector empresarial en temas de prevención de la trata de personas, asistencia a las víctimas y otros, de forma tal que permita la comprensión, análisis y acción en su campo interno y en su ámbito de influencia empresarial, incluyendo proveedores, clientes y comunidades. Lo anterior, por ejemplo, se puede lograr creando y ejecutando planes de acción en materia de empresas y derechos humanos o haciendo incorporaciones/actualizaciones al respecto, creando declaraciones, manifiestos, protocolos y documentos e implementando acciones concretas de impacto real. Se pueden vincular, entre otros sectores, el de viajes y turismo, el hotelero, el de agricultura y el de alimentos.