Acerca del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas

 

Kai Ambos y John Zuluaga*

Especial para ÁMBITO JURÍDICO

 

El pasado 10 de febrero, se presentó el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) denominado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

 

En el documento, se compilan 12 informes individuales, antecedidos por dos relatorías, relativos a “los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población”.

 

El texto de la CHCV complementa diversos informes que se presentaron en el pasado para explicar el fenómeno de la violencia, especialmente el Informe General de Memoria y Conflicto, titulado ¡Basta ya!, y publicado por el Centro de Memoria Histórica (CMH). A pesar de las deficiencias formales de la compilación lograda por la CHCV (con múltiples falencias en los métodos de citación de fuentes primarias y secundarias e, incluso, sin numeración global de páginas), se pueden extraer de los escritos de sus integrantes algunos insumos metodológicos – complementarios a los enfoques propios del Derecho Internacional Humanitario – para la comprensión del conflicto armado colombiano.

 

Aunque no es un aporte novedoso como marco explicativo del conflicto, la caracterización del mismo plantea líneas de investigación que deberán desarrollarse con más rigurosidad por parte de la comisión de la verdad, que tiene fundamento legal en el artículo transitorio 66, inciso 3º, de la Constitución Política.

 

Así mismo, los informes de la CHCV delimitan algunas variantes analíticas para entender la criminalidad guerrillera y, en esa medida, entrega elementos para el desarrollo del llamado enfoque diferenciado de investigación introducido por el Marco Jurídico para la Paz (MJP).

 

¿De qué tipo de comisión se trata?

Como bien lo aclara la introducción conjunta a las relatorías de los informes, de ninguna manera se puede asimilar la CHCV con una comisión de verdad y reparación efectiva.

 

Por su enfoque, la CHCV intenta un análisis socio-político del conflicto colombiano. Por su metodología, se trata de una compilación de opiniones de “expertos” cuyos parámetros de discusión fueron fijados por las partes de la mesa de diálogos de paz, a través de preguntas sobre cuándo empezó el conflicto, cuáles causas y consecuencias están vinculadas al mismo y cuáles son las razones que han determinado su continuidad.

 

Por sus resultados, básicamente se puede hablar de una contribución a la discusión del punto cinco de la agenda de negociaciones, sobre víctimas en el marco de los diálogos de paz en la Habana (Cuba), y de un insumo – entre muchos otros – preliminar para el desarrollo de una comisión de la verdad.

 

Comparativamente, se asimila a la Independent Commission of Experts de Suiza (Bergier Commission) o a la Unabhängige Historikerkommission de Liechtenstein. Se trata simplemente de la reunión de expertos sobre el conflicto para el desarrollo de áreas de investigación o el planteamiento de modelos de respuesta a preguntas sobre la violencia y la guerra.

 

No consiste en un trabajo colegiado, como se hizo, por ejemplo, en Brasil, donde se conformó un grupo de investigación, incluso interdisciplinario, con un mandato concreto para averiguar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura brasilera e indicar sus responsables (véase en internet nuestros comentarios al Informe de la Comisión de Verdad de Brasil).

 

Aportes a las lecturas del conflicto

Si bien el conflicto armado colombiano ya ha tenido un reconocimiento legal (L. 1448/11, art. 3º), los diferentes informes caracterizan lo que podría denominarse “la verdadera forma del conflicto”. Este enfoque material – transversal a todos los informes – no solo es el más relevante para la determinación de la existencia del conflicto armado, sino que también contribuye al análisis de los patrones de violencia contra civiles.

 

Sobre la base de reportes previos entregados por la Unidad de Víctimas y el CMH, los informes de la CHCV confirman las principales modalidades de victimización en Colombia, es decir, desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, tortura, homicidios en persona protegida, asesinatos selectivos, masacres, violaciones a la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonas, ataques a bienes civiles y atentados contra bienes públicos.

 

En la conceptualización del conflicto, a pesar de las diferencias sustantivas detrás de los términos (conflicto social armado, guerra civil, conflicto irregular, guerra, etc.), los informes reconocen como características esenciales del conflicto su prolongación, complejidad, discontinuidad, diferenciación regional, atrocidad y politicidad. Así mismo, los informes se apropian de referentes normativos de responsabilidad sistémica propios del Derecho Penal Internacional (Moncayo, pg. 175).

 

En el marco de las discusiones sobre los actores del conflicto, es interesante la caracterización que se hace en diferentes informes de las llamadas bandas criminales (bacrim). Víctor Moncayo alude a la continuidad del conflicto con nuevos elementos derivados, entre otros, de la subsistencia del paramilitarismo en la forma de bacrim (pg. 167). Javier Giraldo habla de vínculos inocultables de las Bacrim con las estrategias de guerra del Estado e, incluso, de grandes empresas (pg. 445).

 

Daniel Pecaut se refiere a las Bacrim como una de las organizaciones que arrastra la agudización del conflicto y les imputa la responsabilidad en la continuidad de la victimización por medio de desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales (pg. 638). El mismo Pecaut habla de sistematicidad de su accionar criminal con un respaldo institucional que fortalece sus intervenciones (pg. 648).

 

Vicente Torrijos menciona a las Bacrim como herederos de la contrainsurgencia privada. El mismo autor reconoce dos tipos de “farcrim” (mutaciones de las Farc en Bacrim) y las representa como una posible continuación de las Farc con alianzas formales y perdurables (p. 682). Incluso, Torrijos, en un mapeo básico de la victimización en Colombia, reconoce que las Bacrim poseen orientaciones políticas intuitivas, aunque desestructuradas (pg. 685).

 

Todas estas consideraciones reconocen implícitamente que las Bacrim son un actor armado que representa la continuidad del paramilitarismo, que tiene estructura de mando y un determinado grado de organización, es decir, capaces de planear y ejecutar intervenciones violentas continuas y concentradas con base en una disciplina organizacional y autoridad de facto.

 

Así, perfectamente, estos nuevos grupos pueden ser autores de crímenes de lesa humanidad y, si subsiste el conflicto armado, de crímenes de guerra. De todos modos, en estas consideraciones se pueden encontrar claves relevantes para la comprensión de las Bacrim como partes del conflicto armado colombiano.

 

Marco de justicia transicional

Las modalidades de victimización descritas en los diferentes informes confirman la relevancia de la delimitación ratione materiae del modelo de investigación que se desprende del MJP. En el caso de la criminalidad guerrillera, la opinión mayoritaria resalta el carácter residual de la motivación altruista de la misma.

 

Así mismo, enfatiza en la relevancia del narcotráfico para la evolución del conflicto. Si bien se debe distinguir entre los niveles socio-político y jurídico-penal en el análisis de la criminalidad vinculada a la guerrilla, los informes ponen en contexto aspectos objetivos y subjetivos de las modalidades de victimización que pueden ser relevantes en las estrategias de selección y priorización penal.

 

La CHCV no solamente presenta un aporte importante al esclarecimiento de la verdad frente a la complejidad del conflicto armado colombiano, sino también visibiliza el rol restringido y subsidiario que tiene el procedimiento penal en este contexto.

 

En otras palabras, permite distinguir que las verdades del conflicto son más una cosa de la política que del Derecho. Si bien no se puede sintetizar un marco explicativo sobre las causas de la violencia contemporánea en Colombia por la diversidad de enfoques de los diferentes relatores, los informes delimitan de forma más concreta los factores que han determinado su prolongación.

 

En esa medida, se contextualizan modalidades de victimización, cuyo relato confirma la atrocidad del conflicto, se demarcan líneas de responsabilidad y se fijan parámetros para la materialización del posconflicto.

 

*Kai Ambos es catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania) y Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (Cedpal) de la misma universidad. También es Juez del Tribunal Provincial de Göttingen y delegado al Tribunal Superior de Braunschweig (Alemania). John Zuluaga (LL.M.) es doctorando e investigador adscripto al Cedpal.