Los desafíos de la justicia para el nuevo año

Hernando Herrera Mercado

Director de la Corporación Excelencia en la Justicia

 

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) es una organización representativa de la sociedad civil, independiente, regida por principios que obligan a promover la eficiencia, la probidad y la transparencia judicial en Colombia. Bajo esos postulados, advertimos sobre ciertos desafíos que el sector está llamado a abordar este año. 

 

Empecemos por decir, que un día como hoy, se presentarán ante los despachos judiciales más de 2.100 tutelas. Ingresaran a la Fiscalía un promedio de 3.357 noticias criminales. Se instaurarán más de 5.185 procesos civiles y otros miles en la jurisdicción contenciosa y en la justicia arbitral se radicará una convocatoria cuyas cuantías anuales sumadas todas arrojarán valores por disputas por un valor superior a los cuatro billones de pesos. El trabajo de la justicia es descomunal.

 

No obstante, debido a la alta demanda y litigiosidad y factores de funcionamiento de la Rama Judicial, los tiempos de resolución de controversias son inquietantes. Según indicadores internacionales, el tiempo de resolución de una disputa contractual en Colombia es de 1.288 días corrientes, mientras que el tiempo promedio para América Latina es de 768 días y para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 582.

 

El primer desafío, entonces, es reinventar la manera como se administra la justicia, lo cual va de la mano de la implementación del expediente virtual, para adecuarla a tecnologías que facilitan su acceso. El llamado expediente judicial electrónico busca establecer medios tecnológicos para mejorar el relacionamiento de los ciudadanos con la justicia y avanzar así en una administración más eficiente y ágil. Es por ello que el proyecto piloto que viene liderando la Sección Primera del Consejo de Estado en ese aspecto es de gran valía y, sin duda, brindará una importante herramienta de gestión que facilite la buena marcha de la justicia y su acceso. Ese proyecto se concreta en la implementación de un modelo de administración electrónica para la optimización y el despliegue de cinco procesos estratégicos y de alto impacto en el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.  

 

Reingeniería procesal

 

También resulta muy conveniente efectuar una reingeniería procesal para fortalecer el papel de las altas cortes como órganos de cierre y no de instancia, eliminar los recursos intranscendentes que hacen de los trámites aventuras farragosas y de difícil gestión judicial y asignar a la Rama Judicial, como presupuesto de su necesaria autonomía constitucional, los recursos suficientes para que, por supuesto, dentro de un marco de razonabilidad fiscal, pueda corresponder a estos retos.

 

El desafío de repensar la justicia pasa por la despenalización, para evitar cargar al sistema penal acusatorio de querellas particulares que bien pueden ser ventiladas en la justicia civil o comercial, y en la desjudicialización, en la que hemos insistido algunos académicos, para librar al sistema judicial de tanta causa injustificada.  

 

De todos los retos, ninguno más obligante y de mayor calado que la depuración de la Rama Judicial, en aras de la garantía plena de su transparencia. Desde esa perspectiva, la CEJ se congratula con iniciativas al respecto como las del Consejo de Estado, con su programa de rendición de cuentas; la de la Corte Constitucional, con relación a la selección y decisión de tutelas; la de la Corte Suprema de Justicia, al reformar su reglamento para suspender a magistrados que desacrediten la corporación, y la del Consejo Superior de la Judicatura, al abrir convocatoria pública para designar sus dignatarios regionales. Son loables esas iniciativas, pero aún hay más margen de acción en la ruta de transparencia, y esto encarna un gran desafío adicional para las dignidades de la Rama.

 

Complementario a lo anterior y para efectos de medir adecuadamente la gestión de la justicia, hay que afinar la información cuantitativa que permita medir oportunamente la eficiencia judicial en el país. Para ello, resulta oportuno el fortalecimiento de sistemas de medición e impulso de indicadores confiables sobre el real estado del sistema de justicia en Colombia.

 

Justicia transicional y reforma

 

En lo que se refiere al sistema de justicia transicional, son varios los desafíos de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el más relevante, tal vez, es cerrar el déficit institucional frente al debido resarcimiento de las víctimas. De otro lado, la JEP tiene otro descomunal reto, consistente en ajustar los linderos de la aplicación de esta importante jurisdicción, con el fin de que ella no pretenda servir para que personas incursas en delitos no conexos con el conflicto busquen ser cobijados por este sistema excepcional.

 

Hablando en términos de macropolítica, por supuesto que un tema de vital importancia es lo atinente a la reforma a la justicia. Esta corporación observa como loable y necesaria esa iniciativa, la que, desde luego, debe tener en cuenta la estructura de la Rama Judicial, pero también, y de manera muy importante, los respectivos acápites que beneficien y amplíen el acceso del ciudadano a este servicio y su debido mejoramiento.

 

En el terreno penal, desde luego igualmente que un enorme desafío, se encuentra ligado, muy concretamente para los delitos vinculados a la corrupción de gran impacto, a la revisión de la legislación que regula el sistema de redención de penas y su aplicación en estos casos, pues, si bien esta figura busca cumplir con la función rehabilitadora y resocializadora del sistema penal acusatorio, su aplicación desproporcionada en delitos de tal envergadura puede que no guarde equilibrio alguno frente al nefasto impacto que estos actos encarnan. 

 

El ejercicio de la profesión

 

No menos importante es asegurar el adecuado y responsable ejercicio de la profesión de la abogacía. El derecho fundamental al acceso a la justicia únicamente será plenamente garantizado en la medida en que quienes representan los intereses de los ciudadanos estén debidamente capacitados y sus actuaciones se enmarquen en parámetros éticos. Actualmente, en Colombia, existen más de 191 programas de Derecho certificados activos que otorgan el título profesional.

 

No obstante, los datos arrojan que solo 44 de estos programas poseen acreditación de alta calidad. Aunado a lo anterior, hoy no existen métodos objetivos que garanticen una actualización de calidad de los conocimientos jurídicos de los profesionales del Derecho, de modo que es imperante formular propuestas para la existencia de un sistema efectivo que propenda por mejorar la calidad de la práctica jurídica. Con relación al tema del ejercicio de la profesión, materia pendiente es lo concerniente a analizar la introducción del mecanismo de colegiatura obligatoria.

 

Tal colegiatura obligatoria implicaría que todos los abogados deban afiliarse a una o varias entidades, dependiendo del esquema que se escoja, y que a ellas les fueran, precisamente, delegadas ciertas funciones de naturaleza académica, y otras, por ejemplo, disciplinarias, que se enmarcarían en un mayor control ético de la profesión. Desde esa perspectiva, la introducción de la colegiatura obligatoria podría reportarle diversos beneficios al sistema judicial.

 

En diferentes países, como, por ejemplo, en EE UU o en Francia, los colegios profesionales son los responsables de capacitar y actualizar los conocimientos de los abogados, lo que beneficia la práctica jurídica. Adicionalmente, según otras experiencias, en cabeza de los colegios de abogados radica la facultad de formular el examen de Estado para ingresar al ejercicio profesional que, en el caso colombiano, se depositó, en principio, de conformidad con la Ley 1905 de 2018, en el Consejo Superior de la Judicatura.

 

Eliminación de normas

 

Adicional a lo dicho, otro reto importante se encuentra en cabeza del Ministerio de Justicia, y tiene como propósito liderar el proyecto que pretende eliminar del ordenamiento jurídico miles de normas de rango legal que se han identificado como eventualmente depurables y sin utilidad alguna. Ese proyecto de depuración normativa busca analizar las normas con fuerza de ley e identificar aquellas que hoy resultan obsoletas o en desuso, caducas por vencimiento de plazo o por cumplimiento de su objeto, pero que aún permanecen en el ordenamiento jurídico como si estuvieran vigentes, generando inseguridad jurídica. Por lo antes dicho, es un programa que resulta de gran importancia y va en línea con fortalecer nuestro sistema jurídico y el principio de seguridad jurídica.

 

Según lo visto, estos son algunos de los retos y desafíos que tiene nuestra justicia para el presente año. Es deseo de la CEJ que ellos se cumplan. Por supuesto, los magistrados de toda la Rama, los funcionarios judiciales, la sociedad civil y los ciudadanos en general, encontrarán en la CEJ un coequipero para promover la buena práctica judicial, la seguridad jurídica, la probidad y un evaluador riguroso, pero imparcial del ajetreo jurisdiccional y de los temas extrajudiciales que incumban al Derecho.