Empleo en Colombia: ¿qué diferencia a los trabajadores públicos de los privados?

Juliana Morad Acero

Filósofa y abogada. Especialista en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social y magistra en Políticas Públicas

Johanna Gómez Castro

Economista y magistra en Economía. ‘Project manager’ de Género y Economía, docente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana

En Colombia, más que una discusión académica, el debate sobre las diferencias entre el empleo público y privado es una realidad que afecta a millones de trabajadores en todo el país. Una de las diferencias más notables entre el empleo en el sector público y el privado en Colombia es la prevalencia de la informalidad. En el sector privado, segun la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2023 (GEIH) de un total de 9.895.260 empleados, el 29 % (aproximadamente 2.894.544 personas) se encuentran en condiciones de informalidad. En contraste, el sector público está compuesto exclusivamente por trabajadores formales, sumando un total de 914.478 empleados.

La informalidad laboral en el sector privado implica que un gran número de trabajadores carecen de acceso a beneficios sociales básicos, como la seguridad social y pensiones. Esta situación es preocupante, ya que limita la capacidad de los trabajadores para acceder a una calidad de vida adecuada, exponiéndolos a vulnerabilidades económicas en casos de enfermedad, desempleo o durante la vejez. Esta informalidad es más común entre los trabajadores con menor nivel educativo, quienes a menudo acceden a empleos de baja cualificación que no ofrecen los mismos beneficios y estabilidad que los empleos formales y en departamentos como Chocó y La Guajira, donde la informalidad es más prevalente y el acceso a empleo formal es limitado.

Al analizar por sexo, los hombres ocupan una mayor proporción de empleos informales, representando el 58 % de los trabajadores (1.690.212 personas), mientras que las mujeres representan el 42 %, con 1.204.332 trabajadoras informales. Esta alta presencia de la informalidad dentro del sector privado puede estar vinculada a menores niveles de seguridad social y estabilidad laboral. Un ejemplo claro de esta precariedad es el bajo nivel de cotización a pensión, donde solo el 2 % de los trabajadores informales (53.358 personas) están aportando al sistema de pensiones, dejando a la gran mayoría sin una red de protección para su futuro económico.

En cuanto al empleo formal dentro del sector privado, la proporción es de hombres, con 57 % de los empleos formales, y las mujeres, con el 43 %. Sin embargo, este equilibrio “relativo” no elimina las barreras que enfrentan las mujeres, especialmente en lo que respecta al acceso a puestos de liderazgo y las brechas salariales que, aunque menos pronunciadas en la formalidad, siguen existiendo.

En términos de beneficios, la formalidad laboral varía dentro del sector privado en Colombia. El 87 % de los trabajadores formales tienen derecho a vacaciones pagadas, solo el 17 % de los trabajadores reciben una prima de Navidad y el 96 % de los trabajadores tienen derecho a cesantías, lo que es un indicador positivo en términos de protección social. Sin embargo, el hecho de que un 4 % de trabajadores formales no tienen acceso a este beneficio indica que existe margen para mejorar la inclusión total en este sistema. Por otro lado, el 89 % de los trabajadores formales tienen derecho a una licencia remunerada por enfermedad, un derecho crucial que asegura que los empleados no tengan que elegir entre su salud y su estabilidad financiera, mientras que el 11 % restante, que no goza de este derecho, representa un área preocupante donde las políticas empresariales pueden estar rezagadas o donde las normativas laborales no se están cumpliendo de manera efectiva.

Estabilidad y acceso universal

En contraste con el sector privado, el empleo en el sector público se distingue por ofrecer mayor estabilidad y un acceso universal a derechos laborales. De los 914.478 empleados públicos en Colombia, la totalidad trabaja en condiciones formales, con una notable presencia femenina: 466.495 mujeres representan el 51 % del total, frente a 447.984 hombres que constituyen el 49 %. Esta mayor presencia de mujeres en el sector público puede explicarse por varios factores relacionados con la naturaleza de los empleos, la estructura organizacional y las políticas de igualdad de género implementadas en este sector.

Primero, el sector público en Colombia ofrece mayor estabilidad laboral en comparación con el sector privado. Las vinculaciones permanentes en el tiempo, el acceso a seguridad social y otros beneficios son características del empleo público que resultan especialmente atractivas para las mujeres, quienes, a menudo, buscan un balance entre el trabajo y las responsabilidades familiares. La estabilidad y previsibilidad en el sector público les brinda un entorno más seguro para planificar a largo plazo, lo que es crucial en una sociedad donde las mujeres suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado.

Segundo, el sector público tiende a ser más proactivo en la implementación de políticas de igualdad de género y diversidad. Estas políticas pueden incluir cuotas de género, programas de inclusión y medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y la promoción. Por ejemplo, en sectores como la educación y la salud, se han implementado programas que promueven la participación femenina, lo que ha incrementado la presencia de mujeres en estos campos. Estas iniciativas hacen que el sector público sea más accesible y atractivo para las mujeres, reduciendo las barreras que pueden existir en el sector privado.

Tercero, el sector público concentra gran parte de su empleo en áreas como la educación, la salud y la administración pública, que tradicionalmente han tenido una mayor participación femenina. Las profesiones relacionadas con la enseñanza, la enfermería y la administración han atraído históricamente a más mujeres debido a la naturaleza de los roles y las percepciones culturales sobre el trabajo femenino. Este fenómeno refuerza la idea de que las mujeres encuentran en el sector público un espacio que se alinea con sus aspiraciones profesionales y sus necesidades personales.

Finalmente, aunque la discriminación de género puede ocurrir en cualquier sector, el sector público suele estar más regulado y vigilado en cuanto a prácticas de contratación y promoción, lo que reduce la posibilidad de discriminación y asegura un entorno más equitativo. Esto puede hacer que las mujeres tengan más probabilidades de ser contratadas y ascendidas en el sector público que en el privado, donde las prácticas pueden ser más subjetivas y menos transparentes.

Distribución y nivel educativo

Ahora bien, la distribución de los empleados públicos varía entre los departamentos, con una mayor concentración en regiones más desarrolladas como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Bogotá, como la capital y centro administrativo del país, alberga una gran proporción de empleados públicos, representando el 24,3 % del total. En contraste, departamentos como Vaupés, Guainía y Amazonas tienen una proporción mucho menor de empleados públicos, cada uno con menos del 0,1 %. Esta disparidad puede reflejar una menor demanda de servicios estatales o una estructura administrativa menos compleja en estas áreas. Además, esta diferencia podría estar relacionada con la limitada infraestructura educativa y de formación profesional en estos departamentos, lo que restringe el acceso de la población a empleos en el sector público.

Al analizar por el nivel educativo de los empleados públicos también muestra una clara segmentación. En los niveles más bajos de educación (sin educación formal o con primaria completa), la proporción de trabajadores es mínima, representando menos del 1 % del total. Esto indica que el sector público tiende a exigir niveles educativos más altos para la mayoría de los puestos. La mayor parte de los empleados públicos cuenta con al menos un título universitario, que representa el 32,4 % del total, mientras que un 40 % de los empleados posee estudios de posgrado (especialización, maestría o doctorado).

Es importante destacar que las mujeres tienen una mayor representación en los niveles educativos superiores dentro del sector público. Por ejemplo, las mujeres constituyen la mayoría en los niveles de especialización y maestría, mientras que los hombres predominan en los niveles más bajos y en los doctorados. Esto sugiere que, aunque las mujeres están logrando avanzar significativamente en términos de educación y representación en el sector público, aún existen áreas, especialmente en los niveles más altos de formación académica, donde los hombres dominan.

Brechas

La distribución por departamento y nivel educativo en el sector público tiene implicaciones importantes para la equidad y la eficiencia del servicio público en Colombia. La concentración de empleados en áreas más desarrolladas puede resultar en una prestación desigual de servicios públicos, dejando en desventaja a las regiones menos desarrolladas. Además, la alta exigencia de niveles educativos podría limitar el acceso a empleos públicos para la población con menos formación, perpetuando así las desigualdades socioeconómicas.

Estas diferencias también reflejan las profundas disparidades entre el empleo público y privado en Colombia, cada una con implicaciones significativas para la calidad de vida de los trabajadores. Mientras el sector público ofrece una mayor estabilidad y acceso universal a beneficios sociales, el sector privado presenta una realidad más diversa, donde una gran proporción de trabajadores enfrenta la informalidad y un acceso desigual a derechos laborales.

Para cerrar esta brecha, es esencial que las políticas públicas y empresariales se enfoquen en la formalización del empleo en el sector privado, especialmente en los sectores y poblaciones más vulnerables. Además, es crucial promover la equidad de género en el lugar de trabajo, asegurando que tanto hombres como mujeres tengan acceso a empleos formales y a los beneficios asociados. Estas medidas no solo protegerían a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, sino que también contribuirían a un entorno laboral más justo y equitativo en todo el país.

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