De acuerdo con el Instructivo para la Práctica del Control Fiscal en las Cámaras de Comercio, le corresponde a la Contraloría General de la República verificar los eventos en que un programa resulte útil directamente, tanto para las funciones públicas como para las privadas de estas entidades, y que se establezca una proporción, teniendo en cuenta la participación de cada una de estas funciones en los respectivos programas, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio, en reciente oficio. La entidad resolvió una consulta sobre la posibilidad de que una cámara de comercio pueda financiar con recursos públicos un centro de conciliación.