En cumplimiento de la Sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y del Auto 008 del 2009, según el cual persisten vacíos protuberantes en la política pública de prevención de ese flagelo, el Consejo Nacional de Atención Integral para la Población Desplazada por la Violencia (CNAIPD) expidió, en junio pasado, los acuerdos 10 y 11, cuya vigencia se acaba de producir. El primero dicta medidas de intercambio de información para identificar escenarios de riesgo y prevenir eventos de desplazamiento forzado y el segundo adopta el esquema para la estrategia de articulación Nación – territorio, que permita la prevención del desplazamiento y la atención integral de esa población.