El polémico proyecto de ley (P. L. 114/09S-296/10C) que, a través de la interpretación de un aparte de la Ley 91 de 1989, pretende concederles una pensión de jubilación, denominada pensión gracia, a un sector de educadores estatales con pensión ordinaria a cargo de la Nación, acaba de regresar al Congreso, sin la sanción del Presidente de la República. Según el Gobierno, la iniciativa vulnera, entre otras normas de rango constitucional, el artículo 150, pues no interpreta la citada ley, sino que extiende su campo de aplicación, al señalar que el derecho a dicha pensión, aprobada inicialmente para docentes nacionalizados (del nivel territorial y departamental), vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, se otorgará también a los educadores que acrediten tiempos de servicio en educación primaria, normal, secundaria o inspectoría o supervisión educativa, en planteles del orden nacional. “El proyecto de ley genera un mandato nuevo con aplicación retroactiva, que desconoce el numeral 4 del artículo 136 de la Constitución Política”, agrega el texto de objeciones, que, si lo rechaza el Congreso, lo estudiará, en última instancia, la Corte Constitucional.