La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible un aparte del plan de desarrollo que regula el control a la explotación de minerales, porque deroga una norma del Código de Minas, que aunque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 del 2011, está vigente aún. El Ministerio Público explicó que la derogatoria que hace la ley es sobre una norma que está vigente debido a que los efectos de la inconstitucionalidad se difirieron por dos años, por lo que la decisión de la Corte es vinculante. La entidad solicitó la inexequibilidad del tercer inciso del artículo 106 y la expresión “parágrafo 2 del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010”, contenida en el artículo 206 de la Ley 1450 del 2011.