La Presidencia de la República expidió el decreto mediante el cual levanta el estado de conmoción interior declarado en la región de El Catatumbo, en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González (Cesar).

Sin embargo, prorrogó la vigencia de varias disposiciones adoptadas durante dicho estado excepcional.

En consecuencia, desde hoy 24 de abril, queda sin efecto el Decreto 62/25. No obstante, en virtud del mismo acto normativo, se prorroga por un periodo de 90 días calendario, contado desde la misma fecha, la vigencia de los decretos legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433. (Lea: El estado de conmoción interior se caracteriza por los límites que impone)

Conviene recordar que el Gobierno declaró el estado de conmoción interior por un término inicial de 90 días, ante la grave alteración del orden público registrada en la región nororiente del país, que comprende los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, así como los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

De igual manera, la medida incluyó el área metropolitana de Cúcuta, conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. También fueron cobijados por la declaratoria los municipios de Río de Oro y González (Cesar).

La declaratoria del Estado de Conmoción Interior respondió a la crisis humanitaria y de seguridad originada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, específicamente disidencias de las Farc y el ELN. Estos hechos violentos ocasionaron la muerte de más de 58 personas y el desplazamiento forzado de más de 9.000 habitantes de la región, lo cual motivó la adopción de medidas excepcionales por parte del Ejecutivo.

En el decreto se argumenta el paulatino restablecimiento de las condiciones de orden público, pero se advierte que esto no implica automáticamente la cesación de los efectos adversos del incremento de la violencia respecto de las cadenas productivas, los sistemas agroalimentarios y de suministro de insumos y alimentos.

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