De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1333 del 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, si no se ordena la práctica de pruebas, porque no fueron solicitadas o decretadas de oficio, se puede continuar con la siguiente etapa del proceso, relacionada con la evaluación y determinación de la comisión o no de la infracción en materia ambiental y, según el caso, imponer la respectiva sanción o eximir de responsabilidad al presunto infractor, precisó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En todo caso, corresponde a la autoridad ambiental definir si el acervo probatorio es suficiente para brindar certeza sobre la decisión o, por el contrario, exonerar, con el fin de garantizar el debido proceso.