El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) contra varios artículos del Decreto 2820 del 2010, en los que se regula el otorgamiento de licencias ambientales. Sin embargo, el consejo no accedió a la suspensión provisional solicitada, pues no encontró una contradicción evidente entre las disposiciones acusadas y las normas legales. Entre otras razones, se consideró que los términos previstos dentro del trámite de licencia ambiental establecidos en el decreto no contradecían los límites fijados en la Ley 99 de 1993.