La sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que determinó que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de investigar fiscalmente a los magistrados de altas cortes y aforados se negó a adicionar o aclarar su decisión. La solicitud de ampliación del auto fue elevada por la Contraloría General de la República, que había iniciado indagaciones dentro del denominado “carrusel de pensiones”. Los conjueces informaron en rueda de prensa que el auto no presenta omisiones ni carece de interpretación. Señalaron que la contralora, Sandra Morelli, “está llevando a la sala a pronunciarse sobre unos temas que no han sido objeto de debate, estudio o determinación”, por lo que una respuesta a la petición sería una usurpación de competencias, debido a que la facultad entregada a la sala de conjueces solo se refería a un asunto específico ya resuelto.