" La sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura dejó en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la competencia para investigar fiscalmente a los magistrados de esta corporación, dentro de los procesos que abrió la Contraloría General de la República. Los conjueces consideraron que el fuero constitucional de los magistrados de altas cortes es integral, por lo que su investigación, en cualquier área, le corresponde a la comisión. El conflicto positivo de competencias lo planteó la mencionada comisión, pues tanto este ente investigador como la Contraloría argumentaban su facultad para resolver el denominado ""carrusel de pensiones"". "