Las actividades de inteligencia y de contrainteligencia se basan en la discreción, el sigilo y la reserva y por su propia naturaleza no pueden ser públicas. Según la Procuraduría General, el hacer pública, de manera desordenada y ligera, esta información puede poner en peligro importantes objetivos del Estado, e incluso la vida y la integridad física de sus servidores. Por tal razón, la exoneración de denuncia y la imposibilidad de ser obligado a declarar, que se establece en el artículo 23 de la Ley 1288 del 2009, busca ponderar dichas premisas con los derechos a la verdad, justicia y reparación. Así las cosas, esa posibilidad no es absoluta, pues no se extiende a casos relacionados con delitos de lesa humanidad. Por tal razón, el Ministerio Público solicitó la exequibilidad de los artículos 1º, 8º, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 31 de la Ley 1288 del 2009.