La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 67 de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), que fija el procedimiento de elección de los magistrados de los tribunales superiores que se crearon en el marco de dicha ley. Según el Ministerio Público, disponer la elección sin que medie un concurso público de méritos no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia. Explicó la Procuraduría que la ley es de justicia transicional y, por ende, temporal, por lo que “los cargos que esta ley crea tampoco tienen, ni pueden tener, vocación de permanencia”. Así las cosas, los cargos en cuestión no deben ser de carrera, sino que el legislador tiene libre configuración sobre su elección.