El legislador, mediante la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 del 2005), enunció algunas prohibiciones para los servidores públicos con el fin de evitar cualquier forma de utilización del cargo a favor de una campaña política. Esas interdicciones incluyen la realización de actividades oficiales que, aunque no tengan carácter proselitista, puedan adquirir esa connotación cuando se cuente con la presencia de candidatos o sus voceros. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación, al confirmar la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años al gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por indebida participación en política. El Ministerio Público explicó que la prohibición señalada en el artículo 48 de la Ley 734 del 2002 de no utilizar el cargo con el propósito de participar en actividades de los partidos no implica la demostración de presión o coacción contra los electores, sino de simple permisión y consenso.