El Consejo Superior de la Judicatura señaló que ofrecer algún tipo de recompensa a los empleados judiciales para que digan la verdad es reprochable disciplinariamente, toda vez que se atenta contra la real y leal realización de la justicia y los fines del Estado, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley 1123 del 2007 (Código Disciplinario del Abogado). En ese sentido, aclaró que no es necesario que esta falta disciplinaria frente a funcionarios judiciales esté relacionada directamente con un proceso, sino que es suficiente con que se haga un ofrecimiento económico. El Consejo rechazó la justificación de esta conducta en que son válidas esas recompensas, toda vez que el Estado también las ofrece. A su juicio, admitir estas dádivas significaría hacer justicia por su propia mano (M.P. José Ovidio Claros Polanco).