La facultad para modificar la planta de personal de la Secretaría de Gobierno para adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación corresponde exclusivamente al Alcalde Mayor de Bogotá, por estricto mandato del Decreto Ley 785 del 2005. Así lo señaló el Consejo de Estado al negar la nulidad del artículo 4° del Decreto 103 del 2006, en el que se ajusta la planta de personal de la Secretaría de Gobierno a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos. A juicio del alto tribunal, no existió creación de cargos equivalentes, sino una reclasificación. En el fallo se recordó la competencia compartida entre el legislador y el Ejecutivo para reajustar las plantas de personal (C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila).