La votación de las dos terceras partes del total de la sala plena, exigida dentro del reglamento de la Corte Suprema de Justicia para elegir, entre otros, al Fiscal General de la Nación contraría el ordenamiento jurídico, pues la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, art. 54) estableció que todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar requerirán, para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de miembros de la corporación, sala o sección. Es decir, no estableció mayorías especiales para el caso de las elecciones. Así lo señala una demanda presentada ante el Consejo de Estado que pretende la nulidad parcial, por inconstitucionalidad, del artículo 5º del Acuerdo 006 del 12 de diciembre del 2002, que expidió el reglamento de la corporación.