En la Sentencia C-253 del 2003, la Corte Constitucional declaró inexequibles algunas expresiones contenidas en el artículo 62 del Decreto 1791 del 2000, por rebasar las facultades extraordinarias que el legislador otorgó al Presidente de la República, toda vez que no podía ejercerlas frente al Decreto 573 de 1995, que regula lo relacionado con los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Así lo recordó el Consejo de Estado al precisar que esta declaratoria de inexequibilidad no invalidó los actos discrecionales que desvincularon a oficiales y suboficiales de la Policía, pues el pronunciamiento no derogó el Decreto 573 mencionado. En el fallo se recordó que la discrecionalidad en la desvinculación de estos funcionarios se mide por su razonabilidad (C.P. Gerardo Arenas Monsalve).