Los presuntos vínculos de un congresista con grupos al margen de la ley con el fin de obtener apoyo político no constituyen una causal autónoma de pérdida de investidura, señaló el Consejo de Estado al negar dicha solicitud contra el exsenador Javier Cáceres Leal. El alto tribunal desestimó además los argumentos de la demanda referentes al presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido el funcionario por gestionar ante la empresa Etesa el nombramiento de varias personas, con el fin de celebrar contratos de prestación de servicios que favorecieran sus intereses y el posible cobro de comisiones a operadores de juegos de suerte y azar. Según la sala, “no hay pruebas suficientes que demuestren las acusaciones expuestas”.