En la ponencia para segundo debate del estatuto anticorrupción se incluyeron siete nuevos artículos, entre otros, el que señala que la ejecución de los contratos de las entidades que en principio no están sometidas a la Ley 80 de 1993 deberán sujetarse a la misma, cuando desarrolle su actividad con el sector privado. Así mismo, se establecería una nueva norma que regula los plazos para que las distintas entidades de vigilancia y control fiscal entren a aplicar las nuevas normas procedimentales. Determina además que los procesos contractuales en curso a la entrada en vigencia de la ley continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su iniciación. De igual forma, se señala que no se generan inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.