El Consejo de Estado declaró la nulidad de una expresión contenida en el parágrafo primero del artículo 4° del Decreto 3454 del 2006, que consagraba la exigencia de una certificación de conducta y antecedentes en la que constara la situación o definición de los procesos penales donde los aspirantes hubieren sido sindicados. A juicio del alto tribunal, la disposición vulneraba, principalmente, la regla constitucional de que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Por otra parte, el consejo recordó que el ingreso a la carrera notarial debe hacerse a través de concurso público y abierto y que el Gobierno podía determinar el puntaje mínimo para que el concursante pudiera ingresar a la lista de elegibles (C.P. Gerardo Arenas Monsalve).