La verificación de posibles irregularidades de carácter tributario justifica suficientemente una orden de registro, así lo advirtió el Consejo de Estado al señalar que, de acuerdo con los artículos 684 y 779-1 del Estatuto Tributario, cuando la administración tenga conocimiento de un hecho que constituye una posible inexactitud está facultada para realizar las diligencias necesarias para establecer el cumplimiento de una obligación tributaria. También, precisó que el registro de oficinas y establecimientos comerciales del contribuyente constituye un medio de prueba señalado por la ley tributaria que procede, previo acto administrativo en el que se expresen los motivos del mismo (C. P. Jorge Octavio Ramírez).