El artículo 255 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 103 de la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural), estableció el derecho de las personas jurídicas a descontar de su impuesto sobre la renta el 25 % de las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente que hayan realizado en el respectivo año gravable. Por lo anterior, el Ejecutivo expidió el decreto con el cual se determinan los requisitos, condiciones y formas de acceder al beneficio tributario mencionado, así como también se definen las autoridades ambientales competentes para expedir las certificaciones de la inversión (Anla y CAR). De igual manera, señaló las definiciones y documentos para acceder al derecho y demás aspectos reglamentarios.