Un escrito pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley 42 de 1993, referida al control fiscal y financiero y los organismos que lo ejercen. Para el demandante, la norma vulnera los artículos 1º, 3º, 114, 150 y 268, numeral 12, de la Constitución, por cuanto otorgar al Contralor General superioridad en materia fiscal sobre otras autoridades plantea un desbordamiento de las facultades constitucionales de dicho funcionario. Además, el accionante interpreta que la Ley 42 ostenta una preponderancia frente a cualquier otra norma expedida posteriormente, lo que genera una ruptura con los principios constitucionales de participación democrática y soberanía popular (demandantes: Emilio Molina y Ahneyenzy Carrillo).