Tratándose de los estados financieros de propósito general allegados como parte de la información requerida en una licitación, se entiende que ellos han sido certificados por el representante legal y el contador público y/o dictaminados si ello es pertinente, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Si en una licitación el contador debe evaluar o verificar los documentos allegados por sus oferente es un asunto que depende de los requerimientos que se hayan realizado por parte de la respectiva entidad para participar en la licitación y de los términos del encargo que haya sido suscrito entre el contador y quien contrata sus servicios.