Por motivos de inconstitucionalidad, el Gobierno acaba de objetar el proyecto de ley que busca exonerar del pago de multas e intereses u otros cargos generados por el impuesto sobre vehículos a los propietarios que hayan sido víctimas del hurto de su automotor y que no hayan cancelado la matrícula del mismo en un periodo de hasta 24 meses. Según el texto de las objeciones presidenciales, la iniciativa vulnera el artículo 294 de la Constitución Política, que prohíbe que una ley conceda exenciones o tratamientos preferenciales en relación con los tributos de las entidades territoriales. Es decir que dicha facultad es exclusiva de los entes territoriales.