Una providencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado  empieza explicando que en nuestro ordenamiento jurídico la actividad de juegos es un monopolio estatal para cuya realización se requiere contar con una autorización. Así mismo, sostiene que el impuesto de juegos permitidos, es decir, impuesto de azar y espectáculos, es apenas un instrumento para facilitar la gestión administrativa tributaria de varios tributos independientes, en desarrollo del principio de eficiencia del sistema tributario (artículo 363 de la Constitución Política de 1991)  y se ha encaminado a emplear un solo formato de declaración para autoliquidar distintos tributos, con lo cual se racionalizan los deberes formales exigidos al obligado tributario y los documentos objeto de la fiscalización y revisión que debe adelantar la autoridad administrativa  (C. P. Julio Roberto Piza).