Los artículos 287 y 294 de la Constitución Política disponen que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud podrán, entre otros derechos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Además, son competentes para crear exenciones y tratamientos preferenciales sobre los tributos locales, esto recordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el marco de un análisis de caso que involucraba al municipio de Itagüí y a una empresa privada. La corporación se remitió al artículo 38 de la Ley 14 de 1983, que  establece que “los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado” (C. P. Jorge Ramírez).