Por medio de una acción pública de inconstitucionalidad, se acusa el inciso 3° del artículo 106 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 del 2015), argumentando que vulnera los artículos 29, 150, numeral 12 e inciso final, y el 338 de la Constitución y el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional  (Decreto 111 de 1996), al quebrantar la reserva de la ley en su ámbito tributario y contractual. La accionante expresó en su escrito que ello es así por cuanto se desplaza la potestad normativa que posee el Congreso hacia el Presidente, para que este defina las causales y circunstancias en que la entidad administradora deja de estar en condiciones para garantizar el cumplimiento de la reglas y políticas para la ejecución de contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras y, además, para  que determine las condiciones en las que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pueda ejercer la administración de los tributos a través de un encargo fiduciario.