Una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 10 de la Ley de Financiamiento (Ley 1923 del 2018), que incluye como servicio excluido del IVA a las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa por la administración de fondos de inversión colectiva, asegura que esa disposición vulnera los artículos 13, 95 (numeral 9) y 363 de la Constitución Política. El demandante sostiene que tal consagración configura una omisión legislativa relativa, debido a que deja por fuera a las sociedades administradoras de inversión, sin la posibilidad de acceder al beneficio, aun cuando también son administradoras de fondos de inversión colectiva (demandante: Juan Manuel Charry).