En reciente concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se pronunció sobre varios aspectos del Decreto 302 del 2015, por el cual se adoptaron normas de aseguramiento de la información. Según la entidad, los artículos 6° y 7° de la disposición permiten interpretar que los profesionales contables que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica y otros trabajos de aseguramiento aplicarán en sus actuaciones profesionales las normas internacionales de control de calidad (NICC). No obstante, no se refiere a los revisores fiscales de un grupo determinado de empresas, sino que alude a los contadores públicos que prestan los servicios mencionados, lo que confunde, pues daría a entender que por el solo hecho de prestarlos, sin importar el grupo al cual pertenece el cliente del revisor fiscal, este contrae la obligación de aplicar las referidas normas internacionales.