El alto tribunal declaró la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 1607 del 2012, reformado por el artículo 33 de la Ley 1739 del 2014, en el entendido de que a partir del periodo gravable siguiente a la expedición de este fallo, el cálculo de la renta alternativa para empleados obtenida en virtud de los sistemas IMAN (impuesto mínimo alternativo nacional) e IMAS-PE (impuesto mínimo alternativo simple de empleados) debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas en los términos previstos por el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador. En el mismo fallo, se declararon exequibles los artículos 3, 4 y 7 de la citada ley, que fueron parcialmente demandados.