El profesional investigado aceptó en primera instancia que como representante y asesor de dos implicados en el escándalo de defraudación económica al sistema de salud del departamento de Córdoba canceló gastos de hospedaje y alimentación al fiscal que investigaba el caso, además ofreció una suma de dinero para evitar la vinculación al proceso penal de quien recibía su asesoría legal.

Por los anteriores hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por tres años en el ejercicio de la profesión e impuso multa de 10 salarios mínimos al abogado.

Aunque no tenía antecedentes disciplinarios, la Comisión tuvo en cuenta la trascendencia social de las faltas endilgadas al sancionado, pues con su actuar desdibujó la buena imagen de los profesionales del Derecho y afectó gravemente los intereses del Estado y la administración de justicia (M. P. Carlos Arturo Ramírez Vásquez).