El Consejo Superior confirmó la sentencia que sanciona a un fiscal con inhabilidad y suspensión de un mes en el ejercicio del cargo por cometer la falta descrita en el numeral 3° del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, a título de dolo. El disciplinado desatendió sus funciones y abandonó sus labores como fiscal de una URI de Neiva. Según el expediente, “se negó a realizar las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, las cuales fueron asignadas a dicho funcionario” (M. P. Magda Victoria Acosta).