La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura encontró responsable al funcionario judicial de incumplir la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política y en el numeral 13 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996. Según se informó en la denuncia, el juez asesoró a un candidato a la alcaldía sobre las inhabilidades que eventualmente este podría tener y, además, participó en una apuesta a favor del aspirante. La corporación advirtió que la ley prohíbe a los funcionarios judiciales participar en reuniones y controversias políticas, con excepción del voto. El reproche se aumentó al advertir que el disciplinado, en su condición de abogado y juez con experiencia de varios años en ejercicio de dicha responsabilidad, era consciente de su encargo frente a la sociedad.  De ese modo, se reiteró que los funcionarios judiciales no deben inmiscuirse en controversias y mantener imparcialidad en asuntos electorales o partidistas y menos aún realizar apuestas en favor o en contra de alguno de los candidatos (M. P. José Ovidio Claros).