La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reiteró que el profesional del Derecho puede acordar el valor que estime conveniente por asesorar o representar una causa, pero este debe ser claro, que no haya duda alguna en cuanto al trabajo a realizar y el monto de lo que esta representación o concepto establezca. El alto tribunal suspendió por un año y multa de 40 salarios mínimos a un litigante por incurrir en la falta descrita en el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007. Y es que el disciplinado omitió deliberadamente el cumplimiento del deber de obrar con lealtad y honradez en relación con su clienta, al obtener dineros desproporcionados, esto es, más de $ 100 millones por un derecho de petición y una acción de tutela para lograr el levantamiento de unas medidas cautelares, a efecto de dar cumplimiento al mandato conferido (M. P. Pedro Alonso Sanabria).