Una abogada fue suspendida del ejercicio de la profesión por dos meses, al no haber realizado una serie de gestiones en un proceso penal. Y es que la profesional fungió de defensora de confianza y no compareció a la audiencia de lectura de fallo sin que en ninguna de las cuatro oportunidades que se le dieron hubiese presentado excusa por su comportamiento omisivo. Según el Consejo Superior de la Judicatura, la disciplinada fue encontrada responsable de la falta a la debida diligencia profesional establecida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007, sobre demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o descuidar o no hacer oportunamente las diligencias (M. P. Camilo Montoya).