Con suspensión de un año en el ejercicio de la profesión y multa de 10 salarios mínimos fue sancionado un profesional del Derecho luego de ser declarado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 18, literal c), del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007, y en consecuencia de ello la comisión, principalmente, de la falta descrita en el literal d) del artículo 34 ibídem, a título de dolo. La decisión resalta como deberes del abogado obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales e informar con veracidad a su cliente la constante evolución del asunto encomendado. En síntesis, el disciplinado se demoró casi un año en legalizar el pago de una obligación tributaria por $ 25 millones, aduciendo, falsamente desde el principio, que ya había realizado dicho pago (M. P. Alejandro Meza Cardales).