La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible el aparte de la Ley de Víctimas que fijó topes máximos para el cobro de honorarios de los abogados de las víctimas que presenten acciones de tutela o que promuevan procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Ley 1448 del 2011, artículo 44, parágrafo 1). El Ministerio Público explicó que aunque los abogados tienen derecho a ejercer su profesión y recibir una remuneración adecuada, debe primar el derecho de los grupos de víctimas del conflicto armado, pues estas no se no enriquecen con el respectivo proceso, sino que solo reciben una reparación integral representada en la indemnización por un daño sufrido. Respecto a la supuesta vulneración del principio de igualdad, la procuraduría señaló que el trato especial a las víctimas respecto de las demás personas se justifica en su especial condición como sujetos de especial protección constitucional.